El Salvador produjo grandes titulares el año pasado cuando se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda legal. Pero ahora, después del desplome de casi un 50% en el valor del bitcoin en días recientes, la gran pregunta es si El Salvador será el primer país del mundo en irse a la bancarrota por culpa de una criptomoneda.

Muchos economistas dicen que eso ya está pasando.

“¡La adopción del bitcoin por parte de El Salvador ha sido un desastre absoluto!”, tuiteó Nouriel Roubini, el economista estadounidense que se hizo famoso por predecir la crisis del 2008. “El país ahora está efectivamente en bancarrota”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), al que El Salvador le está pidiendo préstamos de emergencia, instó al país el 25 de enero a que abandone el bitcoin como moneda de curso legal. “Existen grandes riesgos asociados con el uso del bitcoin para la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor” en el país, dijo el FMI.

El Presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele, de 40 años, anunció por primera vez su decisión de adoptar el bitcoin en una conferencia en Miami en junio del año pasado. El Congreso controlado por Bukele aprobó poco después la “Ley Bitcoin”, que incluye una cláusula que obliga a todos los Salvadoreños a aceptar pagos en esa criptomoneda, aunque esa parte de la ley nunca fue implementada.

En días recientes, cuando el precio del bitcoin cayó de más de US$ 61.000 en octubre a US$ 35.000 el 23 de enero, Bukele subió la apuesta y compró otros US$ 15 millones en bitcoins. Luego tuiteó en inglés, desafiante, que “algunos muchachos están vendiendo muy barato”.

Pero el chiste no le causó mucha gracia a los economistas.

“Todo este experimento ya costó US$ 200 millones en dinero que prácticamente no contribuye nada al desarrollo económico del país”, me dijo Álvaro Trigueros, director de Estudios Económicos de Fusades, uno de los centros de estudios más conocidos del país. “Es un dinero perdido”.

El gobierno de El Salvador ahora carece de fondos para pagar US$ 1.400 millones de deudas internas y externas, el riesgo país se ha disparado, y el precio de los bonos de El Salvador se ha desplomado.

“Ahora estamos en una situación de alto riesgo, en la que la economía podría colapsar”, me dijo Trigueros.

La adopción del bitcoin como moneda legal en El Salvador ya estaba en problemas antes de la reciente caída del precio de la criptomoneda.

Solo el 10% de las empresas salvadoreñas dice haber realizado al menos una transacción en bitcoins, según una encuesta de Fusades. Muchos salvadoreños usaron los US$ 30 en bitcoins que les regaló el gobierno a fines del año pasado para que se registren en la plataforma oficial “Chivo wallet”, y no han usado la criptomoneda desde entonces.

Una encuesta separada de 480 comerciantes, realizada por la Cámara de Comercio de El Salvador, encontró que solo el 1% del valor total de sus ventas había sido hecho con bitcoins. El dólar estadounidense, la moneda legal de El Salvador, sigue utilizándose para prácticamente todas las transacciones comerciales.

“El Chivo wallet ha tenido muchos problemas técnicos”, me dijo Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. “Algunas personas hicieron una transferencia de su cuenta, y el dinero se perdió en el camino”.

La combinación de los problemas técnicos del “Chivo wallet” y la volatilidad del bitcoin ha hecho que cada vez más salvadoreños desconfíen de la criptomoneda, agregó Hasbún.

Mi opinión: No hay nada de malo en que un país como El Salvador permita los bitcoins para algunas transacciones como las remesas familiares desde el extranjero, para ayudar a la gente a evitar las comisiones bancarias. Pero a Bukele se le fue la mano al apostar gran cantidad de fondos del Estado a una moneda tan volátil como el bitcoin.

Mi sospecha siempre ha sido que Bukele lanzó su “Ley Bitcoin” para proyectar la imagen de un líder joven y moderno, y para desviar la atención pública de las críticas por su forma cada vez más autoritaria de gobierno. Ahora, el país está pagando un alto costo por su estrategia de relaciones públicas.