Se exageran las ventajas de los lazos personales y afinidades políticas entre gobernantes. En las relaciones internacionales, determinantes son los intereses e institucionalidades nacionales por las que deben velar prioritariamente. Preceden a los atributos, amistades y agendas partidarias de los mandatarios.

Tanto la coincidencia mayoritaria de regímenes militares en América Latina, en las décadas de los 70 y 80, como los valores compartidos de la democracia a partir de entonces han sido insuficientes para lograr avances significativos en la integración y cooperación regional. Presidentes de izquierda impulsaron la fracasada alianza ALBA y la difunta Unasur. Los de derecha organizaron la moribunda Prosur. Cargas ideológicas frustraron estos proyectos.

El Presidente Gabriel Boric ha recibido una entusiasta acogida en el mundo, la región y especialmente en el vecindario. Hay razones para atribuir la positiva recepción a sus proximidades programáticas con los gobiernos de Argentina, Perú y Bolivia.

La gobernabilidad de los tres vecinos es compleja y sus políticas exteriores se caracterizan por la politización partidaria. En Argentina y Bolivia el poder de sus jefes de Estado es limitado, compartido con sus predecesores que los nominaron, Cristina Fernández y Evo Morales. Ambos, merecedores de desconfianza como causantes de graves desencuentros con Chile. Cristina y su cónyuge cortaron el suministro de gas a Chile, transgrediendo el Tratado Gasífero sin dar explicaciones ni compensaciones por los perjuicios que provocaron. Los daños los soportaron cientos de miles de hogares chilenos y centenares de industrias nacionales que experimentaron cortes, racionamientos y encarecimiento de electricidad durante meses. Recientemente, el Presidente y el embajador argentinos pretendieron intervenir en los asuntos internos de Chile. Además, el gobierno y parlamento trasandino aprobaron, meses atrás, una ley que desconoce derechos de Chile en el Mar Austral y la Antártica, parte de la Región de Magallanes. Bolivia fue más allá con la demanda presentada por Evo Morales, íntegramente rechazada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El influyente expresidente pretendió, y sigue pretendiendo, cesión de soberanía sobre territorio nacional. Difícil es también la relación con el Presidente del Perú, Pedro Castillo. Su inexperiencia y falta de respaldo parlamentario lo mantienen en permanente inestabilidad, cuyas repercusiones externas han sido contenidas, en parte, por la solidez de la cancillería peruana.

La experiencia indica que la valorable buena disposición de los presidentes vecinos debe asumirse con cautela, no es garantía suficiente del debido respeto de los intereses nacionales, cuya defensa y promoción prima sobre las afinidades políticas entre los gobernantes.