Pocos conceptos resultan tan convocantes como el de sostenibilidad, donde las generaciones futuras estén debidamente reconocidas e incorporadas en las decisiones de hoy. Aparentemente, quienes tienen mayor claridad de ello son los jóvenes, a quienes les pertenece el futuro.

La sostenibilidad evoca un cierto romanticismo, una cierta ética, ya que supone un equilibrio difícil de alcanzar —lo que aumenta su atractivo—, donde se entremezclan la belleza y el autocontrol. Nada más contrario a la sostenibilidad que el desenfreno. Quizá eso explica por qué la primera acepción que evoca es el cuidado del medio ambiente. Una sociedad sostenible es aquella que protege la naturaleza para que las futuras generaciones puedan también disfrutar de ella.

Pero la sostenibilidad es un concepto mucho más amplio que uno únicamente asociado al medio ambiente. Como lo reflejan las metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la sostenibilidad se refiere a la búsqueda de progreso social y económico que asegure a las personas una vida sana y productiva, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Así, una sociedad profundamente comprometida con la sostenibilidad promueve también el trabajo, la salud, es responsable en el manejo de los recursos públicos, e incentiva un desarrollo territorial equitativo.

La depredación ecológica no es sostenible, así como tampoco lo son la pobreza, los planes fiscales voluntaristas o una institucionalidad que permite a los gobiernos embarcarse en aventuras populistas en su propio beneficio. Por ello, un verdadero desarrollo sostenible no se juega tanto en la cantidad de cuidados o menciones que se establezcan en la Constitución para el medio ambiente, sino más bien en un diseño institucional que perdure en el tiempo y que tenga los incentivos correctos para tomar decisiones equilibrando estos múltiples objetivos.

¿Qué arreglo político perdura en el tiempo? Una democracia que respeta y no ahoga la diversidad, que facilita el surgimiento de mayorías políticas para dar gobernabilidad, y que está construida sobre la división de poderes. ¿Qué diseño institucional favorece la implementación de leyes y políticas públicas que favorecen la sostenibilidad? Uno basado en fuertes contrapesos institucionales —técnicos y políticos— para evitar que alguna de las caras de la sostenibilidad se imponga sin contrapeso sobre las otras. Y uno abierto a recoger inquietudes de los intereses particulares, pero que toma distancia de ellos para diseñar políticas públicas, privilegiando el bien común.