Parafraseando el título del libro de Alfredo Jocelyn-Holt “La Escuela Tomada”, titulamos esta columna para comentar la insólita toma de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos, constituido por ley para la protección y promoción de dichos derechos. La toma lleva seis meses sin que ni su director ni su Consejo hayan actuado para recuperar la sede.

La toma es liderada por la ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y su exvocero Víctor Chanfreau, quien ya tiene 19 años y no es un estudiante secundario. Chanfreau se hizo famoso como vocero de la ACES que logró boicotear la rendición de la PSU a principios del 2020.

El movimiento se focaliza en Sergio Micco, a quien se le considera cómplice de las violaciones de derechos humanos producidas por los desórdenes violentos de la “revuelta”, pero también se denuncia al Instituto por no estar con el pueblo, por lo que lo califican de ex-INDH. Los organizadores dieron un plazo para que el Instituto sacara los documentos que guarda en sus archivos, entre ellos los de la Comisión Valech, que están protegidos por secreto legal. Este ultimátum no se concretó, pero la toma sigue. Lo último fue una reunión entre tres consejeros y Chanfreau y otros ocupantes, los que ahora piden indemnizaciones millonarias para las víctimas de supuestas violaciones de derechos humanos y sus familiares. El Consejo nuevamente acordó responder al petitorio y solo hizo declaraciones al aire sobre la responsabilidad de los ocupantes.

Tengo la mejor opinión de Micco como una persona de valores humanistas, que se la ha jugado por la defensa de los derechos humanos y que ha tenido la firmeza y la prudencia necesarias en tiempos tan convulsos como los que ha vivido Chile desde octubre de 2019. Pero esta vez creo que se equivoca: él tiene la responsabilidad, como director del Instituto, de que funcione normalmente. Hasta ahora solo ha aplicado la estrategia del diálogo, y espera que sea el Consejo el que adopte la decisión de desalojar. Es claro que, dada la división política que existe en el Consejo, nunca habrá mayoría para ello. Micco debe asumir con valentía y fortaleza la recuperación de la sede central del Instituto, dando la orden a la fuerza pública.

Así como es inviable dialogar con la CAM por la situación de La Araucanía, hay mucha ingenuidad en querer deponer una toma mediante negociación. La Segunda reveló varias de las actas del Consejo, en las que muchos consejeros señalan que no son partidarios de pedir el desalojo. Lo más inquietante es la declaración del consejero Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: “las formas de protestas que incluyen las ocupaciones —afirmó— son válidas”. Realmente, esto es no entender el Estado de Derecho: la toma de un edificio o institución es un acto violento e ilegítimo. Ya sabemos lo que sucedió con la espiral de tomas que destruyó el Instituto Nacional, bajo la excusa de que eran “democráticamente” aprobadas en asambleas vociferantes.

Además, se están malgastando recursos públicos, de partida porque la sede es arrendada y se deben pagar mes a mes rentas de arriendo. Se pagan servicios básicos y se deberán costear las reparaciones por los daños causados. El contralor debería intervenir para evitar que se hagan estos pagos, ya que la ley señala que el Instituto está sometido a la fiscalización de la Contraloría en lo que concierne al examen y juzgamiento de sus cuentas.

Los organizadores de la toma dicen que están ayudando a las familias de los “presos de la revuelta” y a quienes padecieron de traumas oculares, pero nada de eso es acreditable. Lo que sí hacen son tocatas, acciones de arte, manifestaciones y todo tipo de juergas que oscilan entre lo político y lo frívolo. Mientras tanto, todos miran para el lado y nadie hace nada.

Quien tiene la autoridad para terminar con el Instituto tomado es su director. Si sigue dilatando la decisión de desalojo, debiera dar un paso al costado para que asuma alguien que pueda garantizar el buen funcionamiento de esa institución que no por nada fue consagrada por ley como un organismo autónomo que no puede estar sujeto a este tipo de presiones.