A propósito de las declaraciones de Izkia Siches y Giorgio Jackson sobre la voluntad de diálogo del nuevo gobierno respecto del conflicto del Estado con el pueblo mapuche, han surgido variadas voces opinando sobre el particular, cometiendo, quiero creer que involuntariamente, algunos equívocos sobre los cuales estimo necesario dar mi opinión.

No se trata, naturalmente, del diálogo como un concepto teórico propio de la política en democracia o de los seres humanos con nuestros semejantes, con lo cual todos vamos a estar de acuerdo. Se trata del diálogo como un método para abordar un problema, en este caso político, que la autoridad pretende resolver, por ser real, concreto y grave. El problema de la macrozona sur, como se ha dado en llamarlo ahora, reúne esas características desde hace más de 20 años, 24 para ser más exactos, en su dimensión de la violencia como la conocemos. Ningún gobierno desde el año 1997 ha dado con la solución; más aún, aplicaron recetas equivocadas sin destino. Y esto ha sucedido simplemente porque los gobiernos no han dado respuesta a los temas de fondo que demanda el pueblo mapuche: reconocimiento y reparación.

El reconocimiento dice relación con los derechos políticos, tales como el reconocimiento constitucional (que todos los candidatos y candidatas presidenciales prometen en sus programas, pero que llegados al poder no se concreta), la plurinacionalidad, la autonomía, escaños reservados, derechos colectivos, todos los cuales se encuentran vigentes en distintos instrumentos del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas que el Estado de Chile ha firmado y en plena práctica, además, en los países desarrollados que han solucionado, por la vía del diálogo, su relación con los pueblos originarios y también con procesos no exentos de violencia.

Este problema —el reconocimiento— para alivio del gobierno de Gabriel Boric lo va a resolver la Convención Constitucional y, de esa manera, habremos avanzado como país en esta materia lo que en 30 años no pudimos o no quisimos avanzar.

La reparación dice relación con la respuesta pendiente del Estado de Chile acerca de la devolución de las tierras que usurpó en el siglo XIX y cuyo lento y engorroso proceso se ha arrastrado, sin solución definitiva y cierta, desde el nacimiento de la Conadi, con la dictación de la Ley Indígena el año 1993. Aquí la respuesta no la tiene la CAM. La tienen las forestales, los gremios de los agricultores y el Gobierno. Porque de lo que se trata es de determinar y dar respuesta a la pregunta sobre “cuando hablamos de tierras, ¿de qué estamos hablando?”; como en el concurso, ¿respuesta definitiva? Sí, respuesta definitiva. Comprendo que encontrar la respuesta no es fácil. Pero de eso se trata la política, de resolver los problemas que aquejan al país. Y su carácter debe ser definitivo para que todos los actores tengan certeza respecto de los escenarios futuros en los cuales desenvolverán sus vidas.

Quiero entender que, en ese escenario, los dirigentes del gobierno que asume en marzo pretenden dialogar con todos actores, mapuches y no mapuches, algunos tan importantes como los gremios empresariales y el diverso pueblo mapuche con los distintos liderazgos y centros de poder que lo caracterizan, incluida la CAM, cuya importancia radica no en validar la violencia como método al dialogar con ella, sino para saber con certeza en qué circunstancias y bajo qué condiciones está dispuesta a deponer ese camino, incompatible con la democracia, para que el gobierno tenga un completo panorama del escenario en que tendrá que afrontar el proceso de reparación y adoptar, en consecuencia, los objetivos estratégicos pertinentes compatibles con el Estado de Derecho.

De más está decir, pero lo digo por si alguien tuviera dudas, que la interpelación por la reparación la comparte la totalidad del pueblo mapuche; la diferencia está en el método de la violencia, que la mayoría sustancial rechaza. Por lo tanto, la respuesta a la petición de reparación debe ser unívoca y definitiva. No hay dos voces al respecto.

Debo entender, entonces, que el diálogo con la CAM se explica porque siendo uno más de los distintos centros de poder del pueblo mapuche, tiene una característica singular, que es su reivindicación de la violencia como método de lucha, y por ello se hace necesario neutralizarla mediante una completa política de reparación que, aceptada por ella, permitiría terminar con la violencia sin necesidad de, como última ratio, recurrir a la acción de la fuerza del Estado. No se trata, por lo tanto, de una negociación entre pares y con ello producir una legitimación; se trata simplemente de una estrategia para dimensionar los términos de la reparación, de manera tal que esta sea de verdad y así posibilitar la solución del conflicto terminando con la violencia y alcanzando la paz regional como un bien superior y sintiendo todas las partes que la solución es justa y legítima.

Francisco Huenchumilla Jaramillo
Senador