La ciudadanía entregó un apoyo contundente a Gabriel Boric en las elecciones recientes. Su altísima votación supera vastamente la de su coalición, lo que le permite comenzar su gobierno con un importante apoyo. A su vez, ello da pie para integrar a su gobierno a un espectro político más amplio, trabajo que comenzó a realizar en la segunda vuelta, al incluir a los equipos programáticos de Provoste y Enríquez-Ominami.

Nuestro sistema político le da, en principio, mucho poder y herramientas al Ejecutivo. Pero ello no es suficiente para gobernar y llevar adelante sus planes: se requiere, además, de una mayoría amplia en el Congreso, disponible a darle soporte. Al contrario, los incentivos en nuestra configuración de poderes es a un Congreso que niega el apoyo a un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria, y que utiliza herramientas, como las acusaciones constitucionales, para ponerle cortapisas.

Dada la composición del Congreso recientemente electo, sin mayorías claras y una alta fragmentación, el nuevo gobierno deberá buscar mecanismos para lograr acuerdos y avanzar con las demandas ciudadanas. Si no, el riesgo del inmovilismo es real.

Un camino que ya comenzó el Presidente electo es integrar a otros al gobierno. Otro, complementario al anterior, es hacer un trabajo pre-legislativo relevante. En esto el gobierno de Piñera ha fallado de manera estrepitosa, realizando anuncios a la ciudadanía a través de los medios y haciendo parecer que se trata de leyes ya aprobadas, sin siquiera haber ingresado los proyectos al Congreso. Eso genera rechazo incluso entre sus parlamentarios (“me enteré por la prensa”, “no he visto el proyecto”), y profundiza la distancia de la ciudadanía hacia un sistema político que hace anuncios que luego no se concretan.

Se puede hacer más. Algunos de los temas más sustantivos, como las reformas a las pensiones y los impuestos, son de discusión difícil, tanto desde lo político como de lo técnico. La experiencia internacional sugiere que, para superar la inacción, es bueno pensar fuera de la caja. En un conjunto de seminarios sobre diálogo social, organizado recientemente por Espacio Público y la OIT, se discutió los modos en que España, Francia y Uruguay destrabaron el inmovilismo político respecto de las pensiones.

Como quedó plasmado en los seminarios, esas experiencias están marcadas por el diálogo y la participación social. Probablemente ello explica en parte la sostenibilidad que han mostrado las respectivas reformas. En Chile las propuestas más recientes de reforma al sistema de pensiones se han discutido, ya sea en comisiones puramente técnicas o directamente en el Congreso. Probablemente un trabajo previo más amplio, que combine política, técnica y diálogo social tenga más chance de generar un acuerdo amplio y sostenible.

Al Presidente electo también se le ha pedido señales respecto del cuidado de la economía. En ello tiene una primera y clara oportunidad: la discusión sobre la Pensión Básica (o Garantizada) Universal (PBU) que se está dando en el Congreso. Se trata de una propuesta que estaba en prácticamente todos los programas de las candidaturas presidenciales y que la actual administración tomó como suya luego de ensayar con tres o cuatro proyectos previos. Posiblemente, por el amplio acuerdo que suscita, ha avanzado todo lo rápido que no lo han hecho los proyectos anteriores.

Sin embargo, la reforma propuesta por la administración Piñera tiene problemas que atender, y en eso el Presidente electo tiene una oportunidad para dar esas señales que busca el mercado. En particular, el proyecto no parece estar financiado y hay que hacerse cargo de aquello. En efecto, el Ejecutivo actual, en una completa anomalía, ingresó dos proyectos: uno sobre la pensión misma y su gasto, y otro sobre su financiamiento. No es difícil adivinar cuál de los dos va a conseguir una aprobación rápida y cuál puede quedar entrampado.

A ello se agrega que el financiamiento está construido sobre bases endebles: reduciendo los recursos que deben destinarse al Fondo de Reserva de Pensiones, lo que es equivalente a desahorrar, y sobre la base de holguras fiscales que, de existir, evidentemente no son una fuente permanente de fondos.

Al gobierno entrante le toca enfrentar una situación macroeconómica descuadrada y al mismo tiempo la necesidad de trazar un camino para responder a las demandas ciudadanas. Ante ello, Gabriel Boric ha comenzado a integrar a otros a su próximo gobierno, ampliando su base de apoyo para lograr reformas. Al mismo tiempo, ha sido claro en comprometerse a acompañar al Banco Central en la tarea de estabilizar la economía. También lo ha sido en que será financieramente responsable al crear gastos nuevos. En este ámbito, la discusión en torno proyecto de PBU es una oportunidad para entregar una señal clara y contundente hacia la responsabilidad fiscal, reparando el proyecto que se discute en el Congreso.