El fútbol chileno aún no concluyó por las denuncias cruzadas entre Deportes Melipilla y Universidad de Chile por dobles contratos y pagos fuera de norma a los jugadores. Los azules, acicateados por Huachipato, buscaron eludir el descenso si no les daban los puntos en la fecha final ante Unión La Calera. Como Ramón Arias y Junior Fernandes evitaron la catástrofe, los acereros saltaron al ruedo para liquidar a los “Potros”, que en la cancha y sin trampas mantuvieron la categoría.

Contra las cuerdas, por la carencia de prolijidad de temporadas anteriores en la elaboración de los contratos, arraigada en la tentación de ahorrarse dos chauchas, Melipilla espera la definición del Tribunal de Disciplina. La desafiliación es una opción plausible, tal como la vivió Lautaro de Buin en el primer semestre, comandado por los mismos propietarios de los “Potros”. En este caso, la segunda sala del Tribunal de Disciplina de Quilín inventó un fallo que evitó la expulsión del “Toqui” y detuvo la bola de nieve que implicaba revisar los vínculos contractuales de muchos jugadores de clubes grandes y medianos. La presencia de futbolistas como proveedores, en circunstancias de que son trabajadores, suena a todas luces irregular.

La filtración del contrato de “Cachila” Arias cambió el panorama y permitió el contragolpe melipillano. Los órganos jurisdiccionales de la ANFP tendrán que investigar. Dirigentes y abogados del fútbol sostienen que es un acuerdo para complementar la renta acordada. Lo hacen todos los protagonistas de este negocio: “Quiero ganar tanto”, y en ese “tanto” irrumpen las gambetas contractuales para disminuir el costo empresa, que ayuda a las rebajas impositivas y a cumplir con los presupuestos entregados a la Unidad de Control Financiero.

En esta historia nadie es inocente. Casi el 100 por ciento de los jugadores tiene representantes, que cobran altas comisiones para negociar sus fichajes. A diferencia de otras actividades, en el fútbol no existe asimetría entre el empleador y el trabajador. El problema es que la normativa es atrasada y las colisiones entre los estatutos, reglamentos y bases son tan evidentes que al final nos encontramos en que faltas graves o medianamente graves reciben sanciones desproporcionadas. Los futbolistas, igual de responsables que los clubes, no son castigados.

Un escenario lamentable, que encontró un mal manejo de la ANFP. Tal como sucedió con la suspensión del partido entre Colo Colo y Antofagasta, el 26 de septiembre de 2020, el directorio de Pablo Milad, bajo presión extrema de Huachipato, aplazó la promoción entre Curicó Unido y Copiapó. Los partidos debieron jugarse y las acciones jurídicas tuvieron que correr de forma paralela. Hoy se encuentra afectado el inicio de la temporada y la incertidumbre es total en Primera División y en el Ascenso.

El gobierno que encabezará Gabriel Boric, en contraste con la actual administración y las antiguas de la Concertación, no tiene relación con la dirigencia. ¿Qué ocurre si los nuevos ministerios de Justicia y de Hacienda fiscalizan sin anestesia? Los ciudadanos buscan transparencia y una decisión de ese estilo con seguridad obtendría aprobación. Dios los pille confesados en Quilín.