Los esfuerzos del candidato de izquierda, Gabriel Boric, por explicar la estructura del sistema de pensiones que desea impulsar han sido frustrantes. Su equipo económico tampoco ha logrado terminar con las dudas, produciéndose incluso contradicciones entre ellos o con otros miembros de la campaña. Faltando 48 horas para la elección, tal panorama provoca justificada preocupación.

Aunque palabras del propio Boric en el último debate presidencial parecieron relativizar el punto, el fin de las AFP sigue siendo señalado como un objetivo irrenunciable para el pacto Apruebo/Dignidad. Con ello se recoge una consigna popular en la izquierda, al costo, sin embargo, de generar serias dificultades para el funcionamiento del mercado de capitales. Esto, pues el fin de las AFP implicaría la liquidación de activos por un monto aproximado de US$ 178.000 millones. El mero anuncio impactaría sobre el precio de los instrumentos financieros locales, destruyendo parte del valor de los ahorros de las personas. Esa perspectiva tal vez explica la opción que se ha comenzado a plantear, en cuanto a que el stock en las cuentas individuales siga siendo administrado por las AFP por un período indeterminado. Esto, sin embargo, obligaría a modificar la estructura de cobros en el sistema, transitando desde uno en base a salarios a otro basado en un porcentaje de los saldos. Ningún detalle se ha entregado al respecto.

Un repetido argumento para terminar con las administradoras es la supuesta falta de competencia. Se trata de una crítica a considerar, pero no puede obviarse que los procesos de licitación de carteras de afiliados han brindado nuevas opciones y menores costos de administración para las personas. Insólitamente, se ha sostenido también que los traspasos de clientes entre las AFP son limitados. Sin embargo, las estadísticas dicen algo distinto: entre 2016 y 2018 hubo más de 500 mil traspasos anuales entre administradoras, lo que implica que 1 de cada 10 cotizantes se cambió.

Un tercer elemento en la discusión se relaciona con los costos y cargos a las personas por la administración de sus fondos. En la actualidad, los afiliados con un empleo formal pagan en torno al 1% del salario por este concepto; por su parte, quienes se encuentran en la informalidad reciben este servicio gratuitamente. Más allá de fundadas dudas respecto de la eficiencia y calidad de los mismos servicios si estos —como propone Boric— son prestados por un ente estatal, es importante informar a la ciudadanía cómo se financiaría la administración del nuevo sistema y si ello significará nuevos costos para las familias. Particularmente, en el caso de quienes opten por mantener sus actuales ahorros en las AFP y a la vez coticen en el ente estatal, ¿deberán hacer entonces un pago doble?

El fin de la heredabilidad de los fondos es otro tema central. Las vacilaciones han sido manifiestas. Mientras dirigentes de Apruebo/Dignidad han declarado que los fondos en las cuentas individuales no serían heredables, otros técnicos del comando y el mismo candidato han dicho lo contrario, argumentando que se usaría la fórmula de las rentas vitalicias. Lo cierto es que bajo dicha modalidad los ahorros previsionales no son heredables. Tampoco se puede argumentar la heredabilidad de dichos recursos bajo la lógica de pensiones de sobrevivencia, toda vez que esto implica un acuerdo de condiciones especiales que conlleva un costo. En definitiva, se desprende de las respuestas dadas que los herederos de un afiliado que aún no haya jubilado no podrán acceder a los ahorros que este hubiera acumulado y que, en cambio, solo recibirían un pago mensual en el tiempo cuyas formas de cálculo no se han explicitado. Este término de la heredabilidad tendría un impacto económico, social y cultural de proporciones: solo durante los primeros nueve meses de 2021 se pagaron cerca de US$ 162 millones por concepto de herencias a familiares de afiliados fallecidos. Si la idea es dar un destino distinto a estos recursos, se debe plantear con claridad.

Por cierto, la propuesta previsional de Boric restringe las posibilidades de elección. Con un sistema de administración centralizada como el que se propone, los cotizantes no tendrían otra alternativa que la ofrecida por el Estado. El escenario de economía política que así se puede configurar es complejo, toda vez que, en principio, el stock en las cuentas individuales seguiría siendo administrado en la transición por las AFP. Si las rentabilidades o el servicio entregado por estas se muestran superiores a los del ente estatal, arriesga generarse malestar contra el nuevo sistema, sin existir válvulas de escape. Ello, cuando ya experiencias como la del Transantiago han mostrado cuánta frustración ciudadana puede provocar un cambio estructural que deja a las personas sin alternativas ante sus deficiencias.