Desde el estallido de 2019, la política del país ha funcionado en dos ámbitos diferentes: uno vinculado a procesos de carácter ciudadano y otro situado en el sistema político propiamente tal. El primero es nuevo y se basa en la movilización de la sociedad en defensa de su dignidad y en la exploración de un futuro diferente; el segundo se mantiene en el terreno de la disputa política por el poder.

Puesto en esta perspectiva, el 80% del Apruebo en el plebiscito de 2020 refleja el país que se siente parte del primer proceso, y la elección reciente mostró que este grupo mayoritario está distribuido en todo el espectro político, incluso entre quienes no votaron.

Distinguir estos dos ámbitos es fundamental para encontrar una salida a la crisis que enfrentamos, y al mismo tiempo representa la principal dificultad que tienen los dos candidatos presidenciales: la victoria de cualquiera de ellos será inconclusa, un triunfo político con un gran signo de interrogación para el futuro de la convivencia de la sociedad chilena. Así, el principal desafío del próximo gobierno apunta a generar las condiciones para que en una dinámica social de reencuentro y sin violencia los chilenos en su conjunto puedan dibujar el país que anhelan.

Los procesos ciudadanos tienen su base en la activación de la movilización social que se inició con las marchas pacíficas; siguió con las múltiples iniciativas espontáneas de cabildos y de diálogo; y la consulta que realizaron los alcaldes en diciembre de 2019 en la que participaron más de 2.100.000 personas. Desde entonces las iniciativas ciudadanas se han multiplicado aceleradamente: la plataforma “Tenemos que hablar de Chile”, de las universidades de Chile y Católica; el trabajo que realiza el Centro Nansen de Noruega sobre los conflictos en La Araucanía; el ejercicio de “Los 400”, organizado por la Fundación Tribu, con el apoyo del Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford; la plataforma “Contexto”, que reúne a organizaciones como Humanas, Espacio Público, la UDP y el Observatorio Ciudadano para promover la participación social; las actividades de Ciudadanía Inteligente; la red “Ahora Nos Toca Participar”; La “Plataforma Telar” del Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD), que promueve el dialogo en el contexto de cambio constitucional, y la iniciativa “Nuestra Mesa” que sostiene diálogos desde una visión católica, entre los más relevantes.

En el ámbito empresarial también han surgido iniciativas de diálogo, como las que organiza Puente Social, los 227 talleres de la CChC con sus colaboradores; la reflexión abierta sobre el país que han realizado muchas empresas y gremios; los compromisos que dio a conocer la CPC en la Enade y las comisiones que se han organizado en torno a ellos; el giro que dio Icare a sus actividades para incorporar en su reflexión los nuevos temas del movimiento ciudadano.

En este contexto, la Convención Constitucional, integrada mayoritariamente por independientes, tiene un rol clave en el proceso de rearticulación del tejido social, tanto por su responsabilidad de proponer un nuevo texto constitucional, como por las expectativas que existen en torno al enorme despliegue ciudadano que está ocurriendo en su entorno, con múltiples actividades en terreno, audiencias y espacios de participación. Solo en la visita al Biobío en noviembre se realizaron alrededor de 150 actividades de conversación con organizaciones y representantes locales.

Sin embargo, un tema que ha sido menos abordado en este proceso de movilización social es el cambio en la estrategia de desarrollo del país y las condiciones para crear una economía dinámica, inclusiva y sustentable, que responda a los grandes desafíos de la sociedad. Este es un déficit respecto al cual los aportes de los programas presidenciales han sido insuficientes, por lo que es indispensable un mayor involucramiento de la sociedad civil.

Los procesos de movilización social —como el que vivimos— pueden crear nuevas realidades si operan con plena libertad, respetan principios de convivencia claros y tienen un propósito compartido. En cambio, cuando el sistema político los controla —o intenta hacerlo— se reduce la libertad y se trunca la creatividad de la sociedad. La política no está llamada a sustituir las dinámicas del tejido social, sino a instalar relaciones de colaboración en la sociedad, lo que tiene más posibilidades de ocurrir ahora con un equilibrio de fuerzas en el Congreso y su efecto moderador en las voces más extremas.

El punto es que ambos candidatos presidenciales aspiran a representar/controlar el proceso ciudadano. Kast, coherente con su voto de Rechazo en el plebiscito, ha manifestado el temor a las transformaciones que la esfera social pueda promover, por lo que prefiere ejercer el control que termina truncando los cambios que anhela el país. Boric, por su parte, que nació a la política en los movimientos sociales, opta por encasillar la movilización social en la lógica del “pueblo” contra las “élites” y lograr así un mejor posicionamiento en el sistema político. Esto lo lleva a evitar la promoción de un tejido social sólido e independiente que pueda ser una contraparte política efectiva.

Es claro que necesitamos una sociedad civil más activa, que no se vea coartada o manejada en su proceso creativo desde el sistema político. Por esta razón, la verdadera victoria de Chile se alcanzará cuando el proceso ciudadano que se está desplegando se consolide y genere nuevas bases para la convivencia ciudadana.