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Cartas
Domingo 05 de diciembre de 2021
También sufrí una encerrona
Señor Director:
El martes 30 de noviembre, a las 22:20 horas, mientras me subía a mi vehículo estacionado en una concurrida calle, un grupo de cuatro delincuentes armados me hace una encerrona, y violentamente me obligan a bajar, gritando por la llave y el celular. Al no encontrar la llave, uno de los delincuentes, menor de edad, que portaba un arma de fuego, me dispara en la pierna. Luego huyen, disparándole un tiro a un vehículo de seguridad ciudadana.
Ya habían tratado de robar en otras dos ocasiones en el mismo sector. Protagonistas de historias similares son muchos, y lo concreto es que las encerronas, portonazos y asaltos con armas de fuego, adaptadas o réplicas, son un “negocio redondo” para los delincuentes, especialmente menores de edad, quienes no irán a la cárcel y no tienen costo ni castigo penal real por delinquir. Delincuentes menores de edad y adolescentes con 20 detenciones vueltos a atrapar son una ironía y frustración para las policías, fiscales, y nosotros, las víctimas.
Estas bandas de jóvenes delincuentes están totalmente descontroladas; no tienen miedo ni respeto a nada, no temen disparar, herir o matar, es decir, están “cebados” por este lucrativo negocio sin costo alguno para ellos.
La pregunta es, ¿cómo poder parar ya este peligroso huracán delictual?
La respuesta: ¡Aumentar drásticamente el costo de delinquir!
Una ley especial con pena efectiva de 10 años de cárcel, sin beneficios, para cualquier individuo, incluyendo menores de edad, que porten ilegalmente armas de fuego, adaptadas, réplicas, armas blancas, etcétera, y las utilicen para cometer cualquier asalto con intimidación.
Con este duro desincentivo al negocio, el costo de delinquir será muy alto. Y los más importante: los jueces tendrán clara la pena, sin ninguna discreción personal.
Ahora, cómo lograr que los responsables de elaborar, presentar y aprobar este proyecto de ley tengan la voluntad moral, política y diligencia para hacerlo y hacerlo ahora. Me refiero a los parlamentarios y Poder Ejecutivo, quienes nos deben la obligación de haber elaborado y aprobado una ley de estas características hace mucho tiempo.
Daniel Vitis