La segunda vuelta presidencial es una elección incómoda para mucha gente que tiene fundadas dudas acerca de qué opción puede beneficiar al país o, por lo menos, no causarle perjuicios. De allí se deriva el esfuerzo por visualizar las consecuencias de la eventual llegada de Kast o Boric a La Moneda. Los ajustes programáticos que están efectuando los comandos de campaña ponen énfasis en la economía y las políticas sociales, pero hay algo que está antes y lo condiciona todo: qué suerte le espera al régimen democrático si uno u otro asume la Presidencia.

Esto último adquiere máxima trascendencia a la luz de lo ocurrido en los últimos dos años, cuando la violencia entró en la vida nacional de un modo devastador. Estallido social, se ha dicho una y otra vez, lo que significaría que le pudo tocar a cualquier gobierno, incluso al anterior. Nada de eso. El relato de los malestares acumulados no conseguirá demostrar que las tropelías eran ingenuas. Eso ofendería a los presos de la revuelta.

No se puede pasar por alto la actitud de complicidad con la violencia, la destrucción y el pillaje de quienes se entusiasmaron hace dos años con la posibilidad de recorrer una vía directa hacia el poder. A su lado, hubo otros que mantuvieron una posición obscenamente oportunista al decir que no compartían los actos de violencia, mientras, al mismo tiempo, hacían negocio político con el miedo a la violencia.

No hemos olvidado cómo empezó todo y cuánta devastación quedó. Las oscuras fuerzas que actuaron desde el 18 de octubre de 2019 en adelante se propusieron llevar a Chile al caos y, en lo posible, provocar un quiebre institucional. Estuvieron a punto de conseguirlo. En aquellos días vimos cómo actuaron las diversas fuerzas políticas, y se confirmó que, en tiempos de crisis, abundan los aprovechadores desinhibidos.

Los dos intentos por destituir con malas artes al Presidente de la República fueron una muestra de cuán profunda ha sido la degradación de la política. No considerar esto equivale a optar por la ceguera voluntaria. Si se valida la torcida noción de que los opositores pueden recurrir a cualquier método para hacer fracasar al gobierno en funciones, la vida en libertad será inviable.

La violencia contaminó la política. “Hizo lo suyo”, dijo un senador para explicar su utilidad en las negociaciones de noviembre de 2019. “Hechos necesarios”, dijo un abogado constituyente. Ya hemos visto cuáles han sido los efectos del equívoco acuerdo que se impuso, en buena medida, debido a que los constitucionalistas de Plaza Italia estaban “haciendo lo suyo”. La Convención es lo que es: una enorme sombra sobre el futuro de Chile.

En verdad, el país está pagando el costo del populismo constitucional que empujó al Congreso a crear un segundo Parlamento, el cual ahora amenaza con devorar a su propio progenitor. Será difícil evitar el conflicto entre la institucionalidad vigente y la que quieren imponer los refundadores de Chile. Más vale que esté claro que no puede crearse una zona gris en materia de legalidad, ni pueden aceptarse los cambios de facto.

Han sido demasiadas las expresiones de deslealtad hacia la democracia como para no sentir recelo en estos días. ¿Cuán firme es el compromiso de los candidatos con las normas y procedimientos de la democracia representativa? ¿Qué tan dispuestos están a hacer respetar la división de poderes? ¿Tienen claro que es imperioso asegurar que las FF.AA. y las policías recuperen el monopolio de la fuerza? ¿Saben que un gobernante no puede vacilar a la hora de proteger a la comunidad de la acción de los grupos criminales? ¿Están conscientes de que el Estado no puede retroceder en La Araucanía?

Cualquiera que sea la suerte de la Convención, la mayor exigencia es defender la estabilidad institucional, que es la base de la gobernabilidad. El gobierno que asuma en marzo próximo no podrá esquivar su responsabilidad en cuanto a reforzar el Estado de Derecho, lo cual implica, en primer lugar, erradicar la violencia y asegurar la paz en todo el territorio. De eso depende el futuro. Esperemos que el nuevo Congreso actúe con sentido republicano y no dude en cumplir sus deberes.

No queda sino establecer un duro orden de prioridades. Se trata de impedir que Chile se deslice hacia cualquier forma de autoritarismo, independientemente del emblema o las proclamas que se levanten. Hay que defender la cultura de la libertad y reforzar los diques legales que la protegen. Los violentos amenazan todo eso, y los demagogos los ayudan.

No hay un camino despejado para nuestro país en los tiempos que vienen, por lo que cada elector estará obligado a hacer las sumas y las restas correspondientes al momento de sufragar. Hay que evitar a toda costa que el país caiga en el desorden, la inestabilidad y el retroceso económico, que serían el prólogo de una larga decadencia. Y no hay espacio para fantasear.

Sergio Muñoz Riveros