El sistema de admisión a la educación superior en Chile muestra un rezago significativo si se analiza en una perspectiva comparada. Los instrumentos han sido pocos, no siempre bien diseñados y con escasa innovación. No hay un único factor que explique esta realidad, pero la institucionalidad responsable no era la más apropiada; la Ley de Educación Superior, que se tramitó en el gobierno anterior, decidió modificar esa institucionalidad y les ha tocado a las actuales autoridades abordar los primeros cambios. Estos se han ido materializando gradualmente y con un elevado rigor técnico. Adicionalmente, se ha hecho con participación de expertos externos y consultas a distintos actores del sistema educativo, para evaluar los impactos del modelo de admisiones sobre ellos. El proceso, además, ha articulado continuidad y cambio. Así, la nueva institucionalidad ha seguido trabajando con el Demre, dependiente de la Universidad de Chile y que ha diseñado y aplicado los anteriores instrumentos de selección a la educación superior, aprovechando sus reconocidas capacidades, pero ampliando al mismo tiempo el abanico de los expertos consultados y haciendo más transparentes las decisiones.

Por cierto, falta aún mucho para contar con un sistema de admisión a la altura de una educación superior moderna y sofisticada. Sin embargo, sorprenden las críticas que han emergido desde el seno del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh). Estas se concentran en la así llamada Prueba de Invierno. Se cuestiona, por ejemplo, que esté abierta solo a egresados de la educación media, que tenga cupos limitados, que haya ausencia de becas para quienes la rinden o que no sea una garantía de equidad. Parece una crítica más bien mezquina, que no está a la altura de dicha organización. En efecto, hay que entender que este es un instrumento en desarrollo y por ello su aplicación debe ser paulatina. De hecho, los cuestionamientos tienen todos respuestas fáciles de entender. Por ejemplo, que sea solo para egresados de la educación media se entiende porque la prueba mantiene aún contenidos del último año de la educación secundaria y, por la pandemia, su marcha ha sido muy irregular para quienes la están cursando. Había, pues, una legítima aprensión, también expresada por las comunidades escolares, en cuanto a que esto podría generar una nueva disrupción. Los cupos máximos (50 mil) obedecen a que se trata de una primera experiencia que requiere ser bien gestionada, y tampoco son muchos más los egresados que vuelven a rendir las pruebas de admisión a las universidades. Los demás asuntos también se explican por estas razones.

Por lo demás, en la experiencia de aquellos países donde la prueba se puede rendir varias veces al año, se partió de manera similar y solo después de alcanzar una mayor madurez se abrió completamente la posibilidad de dar las pruebas adicionales y su número se extendió. Por cierto, que aumente la cantidad de posibilidades de rendir la prueba no incrementa per se la equidad, toda vez que esta última se vincula más bien con el diseño de los instrumentos, aun cuando parece tener algún efecto positivo, en especial para las mujeres. Con todo, esta preocupación no deja de ser bienvenida, toda vez que durante un buen tiempo el Consejo de Rectores administró un conjunto de pruebas que, por diversas razones, dejaban mucho que desear en términos de equidad. La evidencia al respecto era clara, particularmente respecto de los estudiantes egresados de la educación técnico-profesional, pero no se avanzó en las correcciones indispensables. Ningún sistema serio de selección a la universidad podrá corregir las inequidades que generan la desigual distribución de capital cultural y un sistema educativo insuficientemente preparado para abordarlas, pero hay instrumentos que evitan la amplificación de este impacto. Los actuales instrumentos se inscriben en esta tendencia. No ocurría lo mismo con los anteriores.