El último reporte sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) informa que los hogares beneficiados están siendo poco más de 8,3 millones, mientras que las personas alcanzadas sumarían 16,7 millones. El primer IFE, entregado en mayo de 2020, fue recibido por algo menos de 1,3 millones de hogares y poco más de 3,6 millones de personas. Próximamente se pagará el último de estos beneficios, completando 19 meses de apoyos extraordinarios. Los esfuerzos fiscales han sido enormes, con un aumento significativo en la deuda pública. Su término supone un gran desafío de gestión política.

La experiencia con este programa y la pandemia también revela importantes retos para las políticas sociales y de emergencia. El país, a pesar de que ha avanzado en un Registro Social de Hogares y tiene décadas experimentando con diversos programas, muestra aún grandes debilidades para detectar a quienes son afectados por eventos como pérdidas inesperadas en sus ingresos. En parte esto se debe a que subsisten grados de informalidad elevados, pero también a que los registros administrativos de las reparticiones estatales funcionan menos coordinadamente de lo que debieran para articular de manera más efectiva las políticas públicas. Adicionalmente, influye el que muchas políticas sociales son del todo o nada, es decir, las personas reciben el beneficio si están bajo un determinado umbral o no reciben nada apenas lo superan. Es inevitable, por tanto, un comportamiento estratégico.

La experiencia de los últimos años también sugiere que el país necesita articular una política de transferencias monetarias bien pensada para los hogares que están en condiciones más vulnerables, reemplazando gradualmente un conjunto de programas que intentan crear capacidades o aportar servicios, pero que son poco eficaces para llevar alivio a esas personas. A propósito de las dificultades para identificar los hogares merecedores de esos subsidios hay quienes plantean transferencias universales, pero estas —como ha mostrado la experiencia reciente— tienen un costo demasiado alto para poder ser sostenibles en el tiempo.

Simultáneamente, es urgente asegurar un mejor funcionamiento del mercado laboral, subsidios al empleo efectivos y seguros de cesantía mejor diseñados. En todas estas dimensiones se experimentó durante los últimos 18 meses y es importante extraer las lecciones que permitan desarrollar una institucionalidad más robusta, eficaz y eficiente. Esta deberá coordinarse de modo virtuoso con la política social y las nuevas cotizaciones previsionales que se anticipan para poner freno a esa elevada informalidad que persiste en el país. Asimismo, atendido el impacto diferencial, hay que incorporar una perspectiva de género en su diseño.