Los acontecimientos políticos en Chile parecen, en ocasiones, escritos para un guion de serie de servicio de streaming. Hace poco más de un par de años, el presidente describía a Chile como un oasis dentro del contexto latinoamericano. Poco después vino el estallido social y la apertura a un proceso de cambio constitucional. Cuando uno revisa los resultados de los procesos eleccionarios que siguieron a estos sucesos, pareciera que la ciudadanía se contradijera a sí misma, que no tuviese claro qué desea.

Imagino que las personas esperan que quien los represente responda a sus necesidades y demandas, y que estos resultados, que parecen volátiles, son una expresión de aquello. La demanda por seguridad, por ejemplo, tiene distintos componentes. Se trata de seguridad en los barrios que se habita, y también de seguridad ante los riesgos de salud, longevidad y desempleo.

Los resultados de la semana pasada favorecieron dos propuestas que, desde el punto de vista económico, son muy distintas. Por cierto, el resultado electoral no puede evaluarse por sí solo. La factibilidad política de los proyectos de Boric y Kast depende crucialmente de la composición del próximo Congreso. Como ninguno alcanzó mayorías mínimas, quien sea que resulte elegido Presidente tendrá dificultades para llevar adelante sus propuestas. A ello se agrega la estrechez fiscal y una economía con indicadores poco alentadores. No queda más que revisar lo prometido y pensar con cuidado qué será factible en este nuevo escenario, además de abrirse al diálogo.

Ciertamente, lo económico no es lo único que marca las preferencias ciudadanas por uno u otro candidato, y en esos otros temas, las candidaturas también son muy distintas. No se puede, en ninguna circunstancia, poner en duda la validez del eventual triunfo de uno u otro. Pero las potenciales vulneraciones a los derechos de las minorías y la amenaza a las libertades públicas son reales. La posibilidad de que se instalen esas ideas debiera preocuparnos a todos. En una democracia, todos los ciudadanos debieran poder vivir tranquilos, sin temor a la exclusión.

Al mismo tiempo, si bien la nueva composición del Congreso supone una moderación del Ejecutivo, asoma el riesgo del inmovilismo. Si en estos cuatro años no se ha logrado acuerdo en temas tan relevantes como una reforma a las pensiones o la ampliación del derecho a salas cuna, ¿qué podemos esperar del próximo período legislativo?

Así, uno se pregunta qué podría alcanzar a reformar el Congreso actual antes de que inicie su mandato el próximo. Algunos proyectos están avanzados. Preocupa enormemente que pasen cuatro años más sin reformas sustantivas y que se ahonde el sentimiento de que el sistema político es sordo a las demandas ciudadanas. ¿Tendrá motivación el próximo Congreso a aprobar iniciativas que no necesariamente provienen de su sector, por buenas que sean? ¿Depende aquello de la frágil popularidad de quien ejerza la Presidencia?

En este contexto, el rol de la Convención y su capacidad de ofrecer un proyecto que concite amplias mayorías es crucial. Ello incluye un sistema político con incentivos a los acuerdos, algo de lo que el actual carece. También incluye una visión práctica del sistema económico, que no deje a nadie fuera, que reconozca que Chile es un país diverso que requiere acordar un modelo de desarrollo que sea tanto sustentable como inclusivo. Imagino una Constitución como las europeas, que combinan derechos sociales con libertad económica, y que delegan al mandato legal la forma en como se implementa su contenido.

Buscar acuerdos no está de moda en estos tiempos. Pero en el contexto político actual parece que solo es posible responder a las demandas ciudadanas buscando puntos de encuentro. El estallido social sí sucedió. Las demandas por mejores pensiones, una salud oportuna, un barrio seguro y una educación de calidad son reales. Esperar otros cuatro años para implementar cambios parece una eternidad.