Insistentemente subvalorado por la izquierda política más radical, el orden público saltó como un problema central a la luz de las elecciones recientes. Equivocadamente, la izquierda pensó que afrontar el quiebre del orden público significaba dar la espalda a causas, valores y a la expresión de un descontento a los cuales adhiere sin reservas. Digo que equivocadamente porque el restablecimiento del orden público toca de manera fundamental el pacto tácito que mantiene la ciudadanía con el Estado y es, por lo mismo, indispensable conciliar la expresión popular de aquellos con su mantenimiento.

La crisis actual, con todo, no es cualquier crisis, sino una crisis extrema porque ha llegado al nivel de que grupos importantes disputan (y ganan) la hegemonía del Estado en el uso de la fuerza pública en partes no menores del territorio. La visita del candidato Kast a una población de Lo Espejo —que vi varias veces por televisión— es un buen reflejo de este quiebre. No solo debió salir en fuga patética él y su equipo, sino que también sus guardias policiales y, ya hacia final, también un destacamento importante de carabineros que había llegado a controlar la situación. Lo que yo vi, más allá de toda duda, es un grupo de pobladores iracundos, cada vez mayor en cantidad, que simplemente expulsó al candidato y sus escoltas policiales estatales.

He leído con atención el programa de José Antonio Kast —víctima directa de esta agresión— y no pueden sino causarme gravísima preocupación sus propuestas sobre el tema y, asimismo, que la derecha política haya prestado una rápida adhesión a su candidatura, sin exigir previamente una aclaración acerca de las medidas concretas que se derivan del mismo y las consecuencias acaso trágicas de su aplicación literal. Básicamente, el diagnóstico consiste en que se trata de grupos delincuenciales y anárquicos que van a ser desarticulados con una mayor coordinación, apoyo y fortalecimiento irrestricto a la acción de las fuerzas públicas. En otras palabras, el remedio ofrecido, en términos muy nítidos y duros, es hacer primar en esta disputa, sin titubeos, el uso punitivo directo de la fuerza estatal. En el caso que experimentó el candidato Kast, de ser Presidente Kast, eso quiere decir autorizar, si es preciso, a disparar sobre esa población en rebeldía.

No soy de izquierda y hablo desde mi experiencia y de muchas lecturas científicas e históricas sobre el tema, y puedo afirmar que esa estrategia no resolverá el problema de quiebre del orden público, probablemente lo agravará, y causará una nueva herida de sangre en nuestro pueblo. La oferta del candidato Kast no puede cumplirse por esa vía y es una grave amenaza para la paz de Chile. El diagnóstico es insuficiente y superficial, y los medios contraproducentes.