En los últimos días han surgido opiniones inquietantes de personas asociadas, bien o mal, a la derecha chilena. Han opinado candidatos rezagados, institutos de estudios, empresarios en posición gremial, economistas, en general personas de buena voluntad, pero que están completamente despistadas.

En tonos solemnes y casi reticentes, varios han tocado la nota más sorprendente: la candidatura de J. A. Kast puede acarrear desequilibrios fiscales e inestabilidad política porque enfrentará la oposición implacable de la izquierda. Alguno de ese grupo ha llegado a respaldar a Boric seguramente por ese afán mimético tan desarrollado entre ciertos empresarios.

La estocada tiene dos puntas al menos, como ciertas armas orientales:

a) Habría desequilibrio fiscal causado por el propósito de Kast de disminuir el gasto y bajar el impuesto a las empresas con el fin de acercarnos a los impuestos aplicados en economías equivalentes de la OCDE. En Chile hoy pagamos una tasa superior al promedio de los países de esa organización estando, como estamos, geográficamente cortados de las “turbinas” económicas. ¿Han olvidado acaso que Reagan bajó los impuestos y subió la recaudación?

b) Sería extremo aplicar las leyes vigentes en La Araucanía. ¿Será una exageración restablecer una forma de vida propia del Estado de Derecho? La aplicación del Estado de Excepción ha mostrado que restablecer un cierto grado de orden es posible con una modesta asociación de la fuerza al Derecho. Lección fresca y objetiva.

Provoca estupor la dificultad de esos comentaristas para comprender que lo que se viene no es solo un retroceso económico: esa bomba de tiempo ya está instalada y causando daños graves. El verdadero desastre es propia y exclusivamente político e institucional. Los candidatos Boric y Provoste pueden afirmar lo que quieran en materia de cifras para apaciguar a los círculos oficiales del empresariado. Da lo mismo. La verdadera trampa se está urdiendo en la Convención que producirá, solo una vez conocidos los resultados electorales, la versión constitucional que más convenga a sus planes confesadamente totalitarios (¿podrá todavía publicarse esta barbaridad?).

Parecen ignorar que la mayoría de la Convención está apoyada en un mero 32% del electorado, por encima de todas las instituciones del Estado: Ejecutivo, Congreso, Judicial, Fuerzas Armadas, Banco Central, Tribunal Constitucional. ¡Dicha precaria mayoría tiene a todos esos actores en un puño, mientras algunos espíritus bizantinos se preocupan del “déficit potencial”! ¿Cree alguien en su sano juicio que el trato inferido por la izquierda a Provoste o a Sichel si fueran elegidos, será más considerado y dialogante? El verdadero peligro, que está muy encima, es la obscena colusión que puede darse entre un Presidente del Frente Amplio y la Convención que, como si nada, ya está pidiendo prórroga. Desde el paraíso del Estado potenciado y convertido en motor de la revolución, gastando rentas capturadas con impuestos abusivos, completarán la revancha inconclusa jibarizando a la sociedad chilena por muchos años. Si hubiera alguna duda, el régimen cubano dura ya 60 años.

Carlos Larraín P.