Gabriel Boric habló en Enade sobre el rol articulador del Estado, resaltó la importancia de la colaboración público-privada y, finalmente, indicó que aspiraba a tener menos poder como Presidente al terminar su período, en beneficio de la sociedad civil y del emprendimiento. Pocas horas antes su aliado el alcalde Daniel Jadue afirmaba en televisión que el programa de la coalición calzaba en un 95% con el del Partido Comunista, el cual está en las antípodas de los tres conceptos indicados.

¿Quién está en lo correcto? Al releer el programa de Apruebo Dignidad, poco encontré de colaboración público-privada; más que como articulador, el Estado es concebido como el origen impulsor y medio para enfrentar los más diversos desafíos; y nada encontré de transferencia de poder al emprendimiento y a la sociedad civil. Más bien encontré tres patrones: voluntarismo refundacional, ciega confianza en el Estado y escasa consideración de las dinámicas positivas del emprendimiento y la sociedad civil.

El voluntarismo refundacional, disfrazado de transformación, se constata en una inclinación casi autómata a crear algo nuevo estatal ante cada desafío: empresas, institutos, sistemas, servicios, agencias y comisiones, como si existiera un vicio de origen en todas las instituciones existentes, el que, sin mediar evaluación alguna, sería suficiente para soslayar su modernización o evolución. La realidad parece no tener límites y las capacidades de gobernanza de esta nueva generación parecen ser infinitas. Así, en vez de proponer, por ejemplo, una revisión del ámbito de acción del Banco Estado y Corfo, proponen crear un nuevo conglomerado financiero estatal —La Banca de Desarrollo—, con dos filiales, una de crédito y un fondo de financiamiento.

La confianza ciega en el Estado se observa en la cantidad y tipos de roles que le asignan. Para impulsar un nuevo modelo de desarrollo, por ejemplo, el Estado es constructor de visiones hacia donde debe ir la economía; es jugador en la cancha a través de las más diversas empresas estatales (litio, banca, redes de telecomunicaciones, constructoras, comercializadoras de materiales de construcción y proveedoras de diversos servicios básicos); y es activador de demanda de tecnologías en adaptación a la crisis climática y en gestión de recursos hídricos, entre otras. ¿Solo articulador?

Sobre el emprendimiento y la sociedad civil, parecen creer que hay poco o nada virtuoso en sus dinámicas, sea compitiendo en mercados abiertos y competitivos, o participando en los espacios donde se ofrecen bienes y servicios públicos. Omiten en su plan de reactivación a las empresas cuyas ventas exceden las 100.000 UF (US$ 3,8 millones, ¿grandes?), que concentran casi el 60% del empleo asalariado formal en Chile y un porcentaje aún mayor de la inversión y de las exportaciones, y que hoy, más que el Estado, son la palanca fundamental de crecimiento de muchas mipymes.

Parecen asumir que sus muchas propuestas tributarias y laborales (impuestos al trabajo de 18% y 7% para financiar sendos fondos colectivos de pensiones y salud, encarecimiento del despido por necesidad de la empresa y negociación ramal) serían inocuas para el empleo y la inversión. En el plan de inversión pública verde que debe celebrarse, omiten la palabra concesiones. A pesar de que nuestras industrias exportadoras son protagonistas de la electromovilidad, del almacenaje de energía, del “packaging” con fibras naturales que reemplazarán al plástico y de la alimentación sustentable, la principal mención que se hace de ellas es el eslogan de extractivistas y rentistas.

El candidato Boric está lejos de contagiar a su coalición con su evolución y de traducirla con liderazgo en acciones políticas concretas. No sostuvo su posición contraria al cuarto retiro y sigue apoyando la iniciativa que propone indultar a los que ellos llaman los presos de la revuelta. Ello da cuenta de la fuerza y convicción que hay en su coalición para validar el populismo como respuesta a desafíos sociales y la violencia como método de acción política.

Creo, por lo tanto, que un gobierno de Apruebo Dignidad representa un giro en U respecto de ese estrecho pasillo que conduce a los países a un desarrollo integral. Y lamentablemente la coalición de centroizquierda liderada por Yasna Provoste, entusiasta promotora de retiros, indultos y acusaciones constitucionales, renunció a diferenciarse y optó por someterse al guion del FA-PC. El performance de ambos sectores en la Cámara de Diputados del lunes pasado da cuenta del propósito que los une: hacerse del poder.

Con independencia de la posición de cada cual y del resultado electoral, no podemos dejar de activarnos en la esfera de lo público, porque será la sociedad civil organizada en centros de pensamiento, organizaciones de “advocacy” e iniciativas de acción social o pública, así como aquellas empresas que extiendan su perímetro de acción poniendo sus capacidades al servicio de los desafíos país, el contrapeso fundamental que nos impedirá caer en tendencias populistas irreversibles.

Bernardo Larraín
Empresario