La educación superior chilena, al alero de políticas neoliberales, ha experimentado en las últimas décadas una expansión sin precedentes, consolidando un sistema hegemónicamente privado. Este crecimiento ha sido sostenido en buena medida por el endeudamiento de más de un millón de familias en condiciones abusivas, destacando el Crédito con Aval del Estado (CAE) como su principal instrumento.

En este contexto, la deuda educativa ha estado en el centro del conflicto social de las últimas décadas, donde se articulan el agobio asociado al endeudamiento con el incumplimiento de las promesas de movilidad social, producto de una educación superior socialmente segregada, de baja calidad en general y sin transformaciones en el mercado laboral que sean consistentes con esta expansión.

Uno de los supuestos en la creación del CAE fue la escasez fiscal, donde el Estado actuaría como garante y no involucraría recursos permanentes. Sin embargo, a 15 años de su implementación, la situación es otra. El Estado ha debido gastar progresivamente significativos recursos para sostener el CAE, demostrando su diseño deficitario. Estos gastos comprenden la ejecución de las garantías, la recompra de más de la mitad de la cartera, el pago de un sobreprecio en beneficio de los bancos y la mejora de condiciones implementada en 2012.

Al mismo tiempo existen altas tasas de morosidad, que promedian 46%. A la fecha el saldo total de la cartera del CAE es de US$ 10.179 millones, de los cuales el fisco ya es acreedor del 56%. Adicionalmente, el Estado ha subvencionado a los bancos pagando un sobreprecio que asciende a US$ 1.500 millones. Estos recursos aumentan año a año en las leyes de presupuesto, donde solo para 2021 se destinaron US$ 964 millones para la operación anual del CAE.

Las transformaciones necesarias en educación superior requieren una reparación a las familias chilenas que cargan con una pesada mochila de deudas y abusos. Por eso desde la candidatura presidencial de Gabriel Boric proponemos la condonación universal de la deuda educativa. Para ello, se considera que las deudas en poder del Estado requerirán ajustes contables que se harán gradualmente de acuerdo a las reglas fiscales, reconociendo la pérdida de ingresos por activos que han tenido menos retornos de los esperados.

Frente al saldo de la deuda cuyos acreedores son bancos, proponemos la absorción de la deuda por parte del Estado y la condonación universal de la deuda hacia las y los deudores. Financiaremos esta medida a través de pagos a largo plazo, donde la gradualidad no será soportada por las y los endeudados.

Si bien los parámetros serán definidos junto a los actores involucrados, proyectamos recomprar la cartera correspondiente a US$ 4.700 millones a través de un esquema de pagos a 20 años, lo que permitiría financiar la condonación con un costo anual cercano a US$ 300 millones, siendo equivalente solo al 32% del presupuesto 2021 asignado al CAE.

La condonación de la deuda educativa (CAE, Corfo y Fondo Solidario de Crédito Universitario) y el fin del CAE son el punto de partida para una necesaria reestructuración y rearticulación del sistema de financiamiento, revisando los actuales sistemas coexistentes y teniendo como objetivo revertir el mercado y la hegemonía privada en la matrícula del sistema.

Es fundamental avanzar en la reconstrucción y expansión de una educación superior pública, gratuita y vinculada con las necesidades del país y sus territorios, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y la reapropiación de la sociedad en la producción y reproducción del conocimiento. Nuestro punto de partida será corregir, atendiendo a la evidencia, un grave error de política pública haciendo los cambios necesarios para aliviar a millones de familias del país.

Andrea Encalada
Fernando Carvallo
Encargados Educación Superior Plan de Gobierno Gabriel Boric