Señor Director:

Quisiera manifestar mis felicitaciones a la Corte Suprema de Justicia al haber ordenado un acuerdo mediante el cual insta a las autoridades de gobierno a dar adecuada protección a las víctimas de la violencia rural. A diario se observan casos de quemas, ataques, agresiones, tomas y atentados que al ocurrir fuera de Santiago parecen ser parte del paisaje de normalidad nacional. Tras cada uno de ellos hay personas, niños, mujeres y hombres, de diversas etnias, credos y posiciones ideológicas que viven con miedo debido al absoluto desamparo del sistema de seguridad del país. Son los gobiernos los encargados de dar adecuada protección a sus ciudadanos, y lo que hace la Corte Suprema es que, ante el vacío de poder o la incapacidad de controlar la violencia, insta a las autoridades encargadas a reforzar su obligación constitucional.

Chile no puede ni debe normalizar la violencia como forma de expresión o reivindicación social o política, por muy legítimas que sean las demandas. La experiencia española nos enseña que cuando el miedo a la violencia o al delito se instala, hasta las estructuras encargadas de controlar y juzgar resultan permeables, ya que a sus integrantes no se les puede exigir patente de héroes, menos cuando son sus hijos o familiares los que resultan amedrentados o agredidos.

Quizás sea hora de analizar, como alternativa, que los diversos intervinientes en investigaciones y juicios de mayor complejidad en la zona de conflicto sean personas ajenas a dichos territorios, no por su incapacidad, sino, por el contrario, como medida de protección ante eventuales amenazas o agresiones a ellos o sus familias.

Mas allá de quién gane la próxima elección presidencial, lo cierto es que Chile requiere frenar la escalada de violencia, no con declaraciones, sino que obviamente con diálogo, políticas públicas, pero también con investigación y sanción de quienes no quieren dialogar y usan la violencia y el delito como herramientas.

Felipe Harboe Bascuñán