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Miércoles 10 de noviembre de 2021
Al son de las balas
Señor Director:
El país recién está sintiendo con fuerza los efectos macroeconómicos de políticas públicas mal diseñadas o hechas para la galería, como han sido los sucesivos retiros de las AFP. Pero quizás los peores efectos en la inversión y en el empleo no lo generarán medidas ya implementadas, sino las que se han postergado: las que deben contener los actos de terrorismo y violencia.
En la encuesta de Activa Research de comienzos de noviembre, es sintomático que la primera preocupación de los chilenos —por sobre las pensiones y la salud— sea la delincuencia, con casi el 30% de las menciones. El terrorismo aparece más abajo, con solo el 6,8%, pero salta a casi el doble (11,8%) en la zona sur.
Resulta sorprendente constatar la indolencia de muchos políticos frente a los gritos desesperados de la ciudadanía que padece la violencia y el terrorismo. Por ejemplo, pese a triunfar por alto margen (81,56%) quienes piden en La Araucanía mantener el estado de emergencia, haya parlamentarios y convencionales que desconozcan estos resultados por considerarlos poco representativos.
Recientemente, el Banco Central publicó su informe de Percepción de Negocios, donde destaca que el 70% de los empresarios no realizará inversiones en 2022. En la macrozona sur, a la incertidumbre política y económica que vive el país se suman los episodios de violencia que viven a diario sus habitantes, lo que tiene efectos directos en la inversión y el empleo, ya que el terrorismo y la violencia terminan por ahuyentar cualquier iniciativa privada, encarecen los costos y condenan a cientos de miles de compatriotas a la pobreza y la exclusión.
El principal deber ético que tenemos como ciudadanos —sobre todo los que tenemos alguna posición de liderazgo— es exigir el restablecimiento del orden público y condenar sin ambigüedades la violencia que vive el país. A los que plantean el diálogo como única solución a un conflicto armado —que ya se cobra la vida de varias víctimas inocentes— hay que recordarles que es indiscutible el valor de la palabra, pero es imposible conversar pacíficamente al son de las balas que corren sin control en extensas zonas de nuestro país.
Gonzalo Said
Presidente Fundación Generación Empresarial (FGE)
El país recién está sintiendo con fuerza los efectos macroeconómicos de políticas públicas mal diseñadas o hechas para la galería, como han sido los sucesivos retiros de las AFP. Pero quizás los peores efectos en la inversión y en el empleo no lo generarán medidas ya implementadas, sino las que se han postergado: las que deben contener los actos de terrorismo y violencia.
En la encuesta de Activa Research de comienzos de noviembre, es sintomático que la primera preocupación de los chilenos —por sobre las pensiones y la salud— sea la delincuencia, con casi el 30% de las menciones. El terrorismo aparece más abajo, con solo el 6,8%, pero salta a casi el doble (11,8%) en la zona sur.
Resulta sorprendente constatar la indolencia de muchos políticos frente a los gritos desesperados de la ciudadanía que padece la violencia y el terrorismo. Por ejemplo, pese a triunfar por alto margen (81,56%) quienes piden en La Araucanía mantener el estado de emergencia, haya parlamentarios y convencionales que desconozcan estos resultados por considerarlos poco representativos.
Recientemente, el Banco Central publicó su informe de Percepción de Negocios, donde destaca que el 70% de los empresarios no realizará inversiones en 2022. En la macrozona sur, a la incertidumbre política y económica que vive el país se suman los episodios de violencia que viven a diario sus habitantes, lo que tiene efectos directos en la inversión y el empleo, ya que el terrorismo y la violencia terminan por ahuyentar cualquier iniciativa privada, encarecen los costos y condenan a cientos de miles de compatriotas a la pobreza y la exclusión.
El principal deber ético que tenemos como ciudadanos —sobre todo los que tenemos alguna posición de liderazgo— es exigir el restablecimiento del orden público y condenar sin ambigüedades la violencia que vive el país. A los que plantean el diálogo como única solución a un conflicto armado —que ya se cobra la vida de varias víctimas inocentes— hay que recordarles que es indiscutible el valor de la palabra, pero es imposible conversar pacíficamente al son de las balas que corren sin control en extensas zonas de nuestro país.
Gonzalo Said
Presidente Fundación Generación Empresarial (FGE)
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