La próxima elección será un punto de inflexión que marcará un antes y un después en nuestro devenir colectivo y personal. Por eso es imperativo tratar de dilucidar con la máxima claridad aquello que de verdad está en juego, lo cual muchas veces se disimula o minimiza por razones electorales.

La disyuntiva en que nos encontramos se presenta en un momento en que la democracia constitucional está profundamente dañada. Se ha instalado y legitimado la violencia como método de resolución de los conflictos ante la total pasividad, si no complicidad, de una parte de la clase política y de muchos congresistas de oposición. Unos han sido ambiguos y débiles en su condena; han desistido del mandato democrático de aislar a quienes la promueven y han intentado eliminar las sanciones judiciales contra quienes cometieron delitos disfrazándolos de “presos políticos”. Otros se han mostrado abiertamente partidarios de la insurrección; la han celebrado como el origen de un bien superior, que sería la Convención Constituyente, e incluso han rendido homenajes públicos en el propio Congreso Nacional a los responsables de los actos violentos sin precedentes que devastaron al país en octubre de 2019.

Más aún, esos mismos actores (incluidos los candidatos Boric y Provoste) han violentado severamente el orden constitucional por medio de triquiñuelas para usurpar la facultad presidencial de exclusividad en la determinación del gasto fiscal; han vulnerado el derecho de propiedad y han estado disponibles para destituir al Presidente de la República democráticamente elegido a cinco meses de terminar su mandato, con lo cual rompen con la tradición democrática que exige un traspaso pacífico del poder de acuerdo al itinerario constitucional y arriesgan que, ante el vacío de poder que ello implica, se produzcan desórdenes aún peores que los que ya hemos conocido. Subyacente a eso está la idea totalitaria de que solo ellos tienen la legitimidad para gobernar y sus adversarios deben ser destruidos.

Vivimos momentos en que todo está en cuestionamiento, nada es inamovible, ni la República de Chile, ni la unidad de la nación, ni los emblemas e iconos que nos han unido desde nuestra Independencia. Las prácticas consustanciales a la democracia —que son la deliberación razonada de las discrepancias, la aceptación de los otros como adversarios y no enemigos a ser aniquilados, los acuerdos, consensos y transacciones, la política efectivamente como “el arte de lo posible”— han sido sustituidas por la pretensión de una refundación total a través de la imposición de una utopía global y excluyente, así sea que en el intento se vulneren los derechos, las creencias y aspiraciones más profundas de una parte mayoritaria de la población.

Lo que está en juego en la próxima elección es nada más y nada menos que la supervivencia de la democracia representativa, la única forma de gobierno conocida para resguardar las libertades políticas y civiles y para garantizar la alternancia en el poder, pues las iniciativas de democracia directa o plebiscitaria que se discuten son probadamente la forma más eficaz para implementar regímenes autoritarios. La opción es entre la refundación total del país, al margen del costo en estabilidad social y bienestar material que ello pueda traer consigo, y una política de reformas que rescaten el progreso evidente de las últimas décadas e intenten resolver gradualmente los muchos y serios problemas pendientes propios de un país en nuestra etapa de desarrollo.

Finalmente, están en juego, entre otras, una economía libre e inserta en el mundo o una autárquica y centralmente dirigida; la autonomía de las personas para elegir de acuerdo a qué valores quieren educar a sus hijos; y si tendremos o no libertad para pensar, expresarnos, innovar, crear y emprender.