Motivados por la promoción de una serie de principios e instituciones que favorecen el desarrollo humano y la convivencia de las personas en una sociedad libre, justa y equitativa, los centros de estudios firmantes hemos puesto a disposición de los convencionales constituyentes, la opinión pública y la sociedad civil en general un documento con orientaciones, lineamientos y propuestas compartidas, con miras a contribuir a la discusión constitucional en curso.

Durante varios meses, más de 50 profesionales, de diversas disciplinas, trabajamos reunidos en 12 mesas temáticas para la elaboración del referido documento y en el que, más allá de algunas discrepancias sobre el sistema de gobierno y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas —reafirmando en todo caso el carácter unitario del Estado chileno—, se da cuenta de múltiples y sustantivas coincidencias en una amplia gama de asuntos.

Así, en cuanto al rol del Estado y de la sociedad civil, sostenemos que se debe reconocer la primacía de la persona y las agrupaciones sociales que ellas conforman y que, por tanto, el Estado está al servicio de ellas. De ahí la importancia de consagrar explícitamente en la nueva Constitución los derechos y libertades que emanan de la dignidad de la persona humana, como la libertad de conciencia, religión, expresión, enseñanza, asociación y el derecho de propiedad, entre otras.

Sobre la participación del Estado y la sociedad civil en la generación de soluciones a las necesidades de los ciudadanos, la propuesta subraya la importancia de que todos los actores puedan participar en la provisión de bienes públicos, y es deferente con el legislador distinguiendo los temas que corresponden a la política pública. De este modo, la propuesta reconoce que, así como hay derechos indispensables para el ejercicio de otros de manera plena y libre, tales como educación, salud y seguridad social, también hay libertades como enseñanza, expresión, asociación y conciencia que el Estado no puede transgredir, debiendo ser especialmente respetuoso con el ejercicio que hacen de ellos las minorías.

Concordamos, asimismo, en que debe avanzarse decididamente en modernizar el Estado y que la Constitución puede delinear principios y objetivos esenciales al respecto, además de establecer claramente un sistema de pesos y contrapesos. Esto incluye, por ejemplo, un Tribunal Constitucional modificado, que se hace cargo de los reparos actuales, pero que reconoce la importancia de mantener la justicia constitucional en dicha sede.

Respecto del sistema de gobierno, nos inclinamos mayoritariamente por mantener el régimen presidencial, pero con una serie de cambios para lograr mayorías parlamentarias y niveles razonables de gobernabilidad y estabilidad, lo que implicó discutir sobre el sistema electoral, incorporando, además, instancias de participación ciudadana complementarias y consistentes con la democracia representativa.

En cuanto al orden público económico, creemos importante mantener las garantías hoy consagradas, además de agregar otros principios en materia tributaria y derechos relacionados con la libre competencia. Respecto del Banco Central, reconocemos lo fundamental que ha sido su autonomía, de iure y de facto, así como las consecuencias negativas que la pérdida de esta autonomía tendría para los más vulnerables, entre otras, producto de la inflación.

En materia medioambiental, coincidimos en que la nueva Constitución debe tener como uno de sus ejes el desarrollo sostenible y contemplar el cuidado de la naturaleza y su biodiversidad. Se propone perfeccionar la garantía constitucional de protección al medio ambiente, para avanzar en una mejor protección y conservación de la naturaleza, sin renunciar al carácter antropocéntrico de la regulación en esta materia.

Creemos necesario, además, dar pasos aún mayores en descentralización política, administrativa y fiscal para alcanzar mayores niveles de confianza y equidad territorial. Así, estos propósitos deben articularse en torno al principio de subsidiariedad territorial, otorgándole mayor protagonismo al nivel local por sobre el regional, y a este último por sobre el central.

Finalmente, existe consenso sobre la necesidad de definir la forma en que el Estado monopolizará el poder de la fuerza que le ha sido entregada, cómo lo institucionalizará y cuáles serán los pesos y contrapesos para evitar que ese poder devengue en abusos. Las FF.AA. y de Orden y Seguridad deben tener un reconocimiento constitucional, subordinarse al poder político a través del Presidente de la República, no ser deliberantes y mantener sus actuales características (profesionales, jerarquizadas y disciplinadas).

Naturalmente, hay diversos aspectos adicionales en los que cada centro ha desarrollado sus propias propuestas, pero son muchos los aspectos en los que hemos logrado coordinarnos y ofrecer un marco común mínimo para abordar el proceso constituyente. Ahora es tarea de la política encontrar los consensos necesarios para permitir una propuesta de nueva Constitución exitosa y que perdure en el tiempo.

Daniel Rodríguez
Director ejecutivo Acción Educar

Miguel Ángel Fernández
Director ejecutivo Aire Nuevo

Yonathan Fuentealba
Director ejecutivo Fundación Ciudadano Austral

Claudio Arqueros
Área de Formación Fundación Jaime Guzmán

Fernando Claro
Director ejecutivo Fundación para el Progreso

Pedro Fierro
Director ejecutivo (i) Fundación P!ensa

Juan José Obach
Director ejecutivo de Horizontal

Cristián Stewart
Director ejecutivo de IdeaPaís

Consuelo Alvial
Directora ejecutiva Instituto Libertad

Rodrigo Pérez de Arce
Subdirector de Desarrollo del IES

Natalia González
Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo

José Francisco Lagos
Director ejecutivo Instituto Res Publica