Con la excepción de José Antonio Kast, las candidaturas a la presidencia ofrecen elevar el gasto público para que el Estado se haga cargo de diversas demandas sociales. Algunas ofrecen montos más altos que otras, y períodos más o menos largos para su implementación. También proponen formas distintas de financiar las promesas de nuevo gasto. A pesar de las diferencias, comparten riesgos, unos más relevantes que otros, que son importantes de considerar.

Desde la derecha se enfatiza el rol del crecimiento para elevar la recaudación. Para ello se apoyan en la idea de que prácticamente toda el alza en ingresos tributarios netos en los últimos 30 años se explica por el crecimiento económico. Solo una fracción menor se relaciona con alzas de impuestos. El problema de este argumento es que no advierte que lo mismo sucede con el gasto: el costo de los servicios y bienes que entrega el Estado también se eleva con el crecimiento. Casi todo el mayor gasto de los últimos 30 años se relaciona con un mayor PIB; solo un porcentaje menor, con nuevas iniciativas.

Así, el crecimiento económico no representa una fuente de recursos nuevos para programas nuevos. Se requiere de reformas tributarias y de reducción de la evasión y la elusión para lograr financiamiento adicional. De hecho, así se han financiado las reformas más relevantes de las últimas décadas. El AUGE, que garantiza beneficios en salud, se financió con un alza del IVA. La reforma que creó el Pilar Solidario se financió gracias al boom del precio del cobre. En vez de gastar esos recursos extraordinarios inmediatamente, recursos que luego probaron ser transitorios, se creó un Fondo de Reserva para asegurar el financiamiento de largo plazo. Asimismo, la gratuidad universitaria contó con los fondos de la reforma tributaria de Bachelet.

Los programas de la derecha proponen, adicionalmente, que parte del financiamiento provenga de la reasignación de fondos dedicados a programas públicos que han sido mal evaluados. Sebastián Piñera hizo esta misma promesa en sus campañas presidenciales, promesas que siguen incumplidas. ¿Por qué? Existen múltiples motivos para no cerrar programas.

Primero, porque los programas por lo general existen para atender una necesidad. Si funcionan mal, probablemente no hay que cerrarlos, sino que modificarlos. Ello puede requerir más y no menos recursos. Segundo, porque existen costos políticos de hacerlo: los jefes de servicio deben asumir la responsabilidad política de un mal desempeño. Por último, cerrar programas requiere de grandes acuerdos, porque hay personas que resultan afectadas. En pocas palabras, no es creíble conseguir nuevo financiamiento fiscal sobre la base de la revisión de programas mal evaluados. Por lo mismo, tampoco ofreciendo reducir el empleo público.

El programa de Kast no espera recaudar más, todo lo contrario. Ofrece reducir impuestos a las empresas esperando que eso eleve el crecimiento. Los recortes tributarios de Trump fueron descritos de la misma manera: se pagarían solos porque el crecimiento y los mayores salarios traerían una mayor inversión, generando nueva recaudación. ¿Cuál fue el resultado? Un enorme aumento del déficit fiscal sin el esperado boom de crecimiento. A los efectos macroeconómicos, por cierto, es importante sumar los efectos regresivos que tuvo esa reforma: redujo las tasas efectivas de impuesto de las personas de mayores ingresos y no las del resto de la población.

Los programas del centro a la izquierda enfatizan reducciones en evasión y elusión, y la revisión de exenciones. Además, proponen alzas en impuestos existentes y la creación de otros nuevos.

Existe amplio acuerdo sobre la necesidad de reducir la evasión y la elusión. Sería importante seguir la experiencia internacional y aprobar el proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a entregar información de saldos al SII. Crear un registro de beneficiarios finales de empresas también. Al mismo tiempo, parece haber bastante acuerdo en eliminar exenciones. Quien resulte electo puede comenzar el trabajo de elevar la recaudación por medio de estos proyectos. Lo que no es claro es cuánta recaudación traerán. Ello representa una fuente de incertidumbre en la capacidad de los programas de financiar lo que prometen.

Algo parecido sucede con las propuestas de reforma tributaria: además de lo difícil que ha sido discutir de impuestos en el Congreso, los efectos de las reformas tributarias son inciertos. Dependen centralmente del contexto macroeconómico, político y social en el cual se discuten y aprueban. Basta recordar que la reforma de Bachelet, luego de todos los cambios que experimentó en el Congreso, recaudó más o menos la mitad de lo que se proyectaba inicialmente.

Chile necesita elevar su recaudación fiscal como fracción del PIB. De eso no cabe duda. En la medida en que los países se desarrollan, la ciudadanía demanda más y mejores bienes y servicios públicos. Ello no se logra con crecimiento económico, sino que con revisiones al sistema tributario. Pero las reformas deben generar amplios acuerdos políticos si aspiran a lograr lo proyectado y a permanecer en el tiempo.