Imaginemos a un inversionista extranjero que, por sus enormes ventajas para producir energía solar y eólica, decide invertir en la zona de Copiapó y construir un complejo industrial que fabrique hidrógeno verde. Una enorme oportunidad de negocios para nuestro país. En un esquema tradicional, las principales ventajas para Chile provendrían de recaudar impuestos sobre las rentas generadas por este complejo industrial, porque la creación de empleos de calidad para ingenieras o técnicas calificadas, el florecimiento de empresas que presten servicios al complejo industrial o incluso la investigación científica relacionada con sus procesos quedarían entregados a la famosa mano invisible del mercado. Nosotros queremos hacer las cosas de manera diferente.

La mano visible de la política industrial se aprecia claramente cuando uno mira la manera en que distintos países europeos y asiáticos consiguieron desarrollarse. Ello incluye políticas de fomento al sector privado, así como el fortalecimiento de universidades y centros de formación técnica. Pero muchos de esos países también exigieron a sus inversionistas extranjeros cumplir con umbrales mínimos de servicios, componentes y mano de obra nacional, con el objetivo de que la inversión no solo colabore con la recaudación fiscal, sino también con el desarrollo productivo del país. Esto no solo ayudó a generar mejores empleos y hacer más denso el tejido productivo, sino que creó nuevas fuentes de exportación para dichos países. Estas medidas terminaron fortaleciendo el intercambio comercial. Lejos de esa caricatura donde la burocracia sustituye al mercado, se trataba de utilizar la política industrial para contribuir a generar nuevos y mejores mercados.

Este tipo de políticas son difíciles de implementar en Chile debido a que algunas disposiciones de los tratados de libre comercio lo impiden. La actitud responsable es conversar con nuestros socios comerciales para abordar este problema.

Conviene aclarar, en cualquier caso, que conversar significa exactamente eso. Nadie está proponiendo terminar con los tratados de libre comercio o adoptar otro tipo de actos unilaterales. Todos los países revisan sus tratados periódicamente. Nuestra propia Cancillería lleva años revisando el acuerdo de asociación con la Unión Europea. La novedad no está en el método, sino en el enfoque: abrir espacios a la política industrial para, de este modo, acelerar la transición hacia una economía más compleja, descentralizada y sostenible. Ello supone, por ejemplo, revisar el listado de exclusiones para los denominados “requisitos de desempeño”, donde hoy se incluye únicamente a la industria del litio.

Hay un grupo en Chile que quiere evitar que los cambios lleguen, que quiere defender su manera de hacer las cosas. Pero la realidad muestra que la productividad lleva décadas estancada, nuestros ecosistemas están cada vez más desgastados y hemos fallado a la hora de crear empleos de calidad, que permitan construir sociedades más igualitarias y justas. Es hora de ser pragmáticos, mirar la evidencia y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para, finalmente, dar un salto hacia el próximo paso, el tan anhelado desarrollo.

Juan Ignacio Latorre y Diego Pardow