La flor de Patajú es el símbolo de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Ellos no se sienten identificados con la wiphala, emblema de los pueblos andinos, reconocida junto a la tricolor como bandera oficial del Estado Plurinacional, y prefieren una bandera blanca con la flor amazónica en el centro.

Esa es la insignia que flamea por estos días en Santa Cruz, hasta donde llegó una marcha de indígenas del Chaco, Amazonas y Oriente, que están a la espera de que Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca escuchen las demandas de sus comunidades. Su principal reclamo es que terminen los “avasallamientos” de tierras, tomas ilegales por grupos “interculturales” llegados de las regiones andinas. Pero, como lo dijo el líder mojeño Marcial Fabricano, la marcha “no es solo para nosotros, es para hacer respetar los derechos de todo el país, es por nuestra libertad”.

“Golpistas”, les espetó Evo Morales a los caminantes que recorrieron 559 kilómetros, mientras Juan Ramón Quintana, un exministro suyo, dijo que esto era “un intento de arrebatarle al MAS el discurso de los derechos de los pueblos indígenas”.

Es curioso lo que pasa en Bolivia. Doce años después de que se promulgara la Constitución que reconoce 36 pueblos o naciones originarias, con 37 lenguas oficiales (incluido el castellano), y el derecho a la autodeterminación y autonomía, los conflictos entre etnias parecen haberse intensificado.

Y el MAS se siente dueño de la defensa de la etnicidad, como lo dejó en claro Quintana, siempre que coincida con sus intereses. Claro, porque los intereses del MAS tienen más que ver con el afán del partido de mantenerse en el poder que de satisfacer las necesidades de los pueblos que no le son afines. Al menos eso parece haber ocurrido con el “saneamiento” de tierras en el oriente, donde “interculturales” (quechuas y aimaras vinculados al MAS) han recibido tantas tierras como los “originarios” locales, guaraníes, mojeños y chiquitanos, según datos de la Fundación Tierra.

A los indígenas del oriente, el MAS los considera “peones de los empresarios cruceños”, no porque lo sean, sino porque en más de una ocasión se han alineado con el rechazo a políticas que atentan contra las libertades, como el último proyecto de ley sobre ganancias ilícitas, que permitía, entre otras cosas, confiscar bienes sin orden judicial. Arce lo retiró para “evitar una convulsión social”.

El próximo año se realizará un censo de población y hay expectativas sobre el resultado, luego de que la autoidentificación con un pueblo originario cayera del 62 por ciento en 2001, al 40 por ciento en 2012. Una sorprendente disminución apenas tres años después de que los pueblos originarios ganaran el protagonismo en la Constitución de 2009, la misma que es un modelo de plurinacionalidad para los convencionales chilenos.

La disputa por las banderas (“la wiphala se respeta”, advirtió Arce) es una muestra de las dificultades de convivencia entre pueblos que tienen, en teoría, los mismos derechos, pero donde unos (quechuas y aimaras) son más iguales que (los) otros.