“Un proyecto de reforma constitucional para regularizar legalmente el proceso de estatificaciones presentaron ayer los senadores democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba (foto), en vista de que el Ejecutivo no ha cumplido aún el compromiso contraído con la DC de enviar al Congreso un proyecto de ley para definir las tres áreas de la economía”, informaba “El Mercurio” el 15 de octubre de 1971.

La iniciativa establecía como primera medida que solo por ley se podría determinar qué medios o bienes de producción podrían ser estatizados y cuáles formarían parte del área mixta. Luego autorizaba al Estado, municipalidades y organismos o empresas públicas para adquirir acciones o derechos en empresas privadas determinando la participación de los trabajadores y fijando la indemnización correspondiente a sus propietarios. Igualmente declaraba nulos los actos del Estado para adquirir acciones de compañías privadas, a partir de la fecha de presentación de dicha propuesta.

En su exposición, los parlamentarios dijeron que aunque el Presidente de la República prometió reiteradamente ajustar la acción de su Gobierno al principio de la legalidad, “el señor Allende ha estado realizando un proceso destinado a traspasar al dominio del Estado diferentes industrias y actividades económicas, a través de procedimientos de dudosa legalidad” (refiriéndose a las expropiaciones, requisiciones, intervenciones o compra de acciones y derechos).

Argumentaban que dicho proceso se estaba realizando sin que ley alguna lo regulara y estableciera, por ejemplo, la indemnización justa a los propietarios.

Tampoco se sometía a planificación conocida y aceptada por los poderes públicos: “Y deliberadamente, se ha eludido un debate sobre la materia con participación de todos los sectores nacionales, y los alcances han sido ocultados a la opinión pública”.