En Chile resulta asombroso que una ciudad como Berlín, en un país como Alemania, haya organizado un plebiscito de iniciativa popular (lujo reservado a las sociedades más avanzadas del mundo) para abordar las dificultades de acceso a la vivienda. La mayoría de los berlineses habilitados para votar se pronunció a favor de expropiar a las “grandes inmobiliarias”, empresas y fondos de inversión que poseen más de 3.000 propiedades para renta y a las que se responsabiliza, en parte, del aumento en los precios. 240.000 viviendas pasarían a ser gestionadas por una firma pública ya existente. La consulta no es vinculante, pero se sustenta en un artículo constitucional sobre el bien común; la acción requiere consenso político e involucra cifras estratosféricas, sin embargo, el gobierno local está obligado a considerar la voluntad de la ciudadanía. En España, por otra parte, el gobierno ha presentado una Ley de Vivienda para enfrentar las desmedidas alzas en los arriendos, también dirigida a los “grandes propietarios” con fines de lucro y personalidad jurídica, a los que se les retirarán privilegios fiscales y se les impondrán medidas de control de precios.

En nuestro país, un solo fondo de renta residencial, que posee numerosos edificios de departamentos, ha anunciado alcanzar el 25% del mercado. El peligro de que la renta residencial se concentre en pocos actores, sin regulación, es evidente: pueden manipular el valor del arriendo y, en consecuencia, influir en el valor del suelo, que depende de lo que se pueda construir encima. En este sentido, el gremio de la construcción, principal lobista de Chile, ha influido por décadas en el diseño de los planes reguladores comunales para maximizar la constructibilidad y, por ende, la rentabilidad del negocio inmobiliario, desatendiendo consideraciones culturales, históricas, ambientales o paisajísticas propias de cualquier sociedad civilizada. Como consecuencia de la imposición de un único modelo de desarrollo inmobiliario –el de alturas y densidades absurdas– que ha desfigurado barrios y ciudades de todo Chile y ha despreciado la voluntad de las comunidades afectadas (siendo que siempre se conocieron mejores alternativas), hoy nos encontramos con la paradoja de que las mismas comunidades reaccionan en el sentido contrario, imponiendo a veces exageradas restricciones a lo que debería ser una necesaria densificación responsable y de calidad. Es la parábola de la gallina de los huevos de oro.

El problema no podrá ser resuelto exclusivamente por el mercado. Hoy hay un millón de familias chilenas que no tiene acceso a vivienda ni a crédito, ni pueden resolver su carencia con subsidios ni listas de espera. El Estado debe recurrir al buen suelo que posee y ponerlo a disposición de proyectos público-privados de conjuntos de vivienda económica, a precios controlados, construidos a gran escala y a largo plazo.