Aun cuando se le creyera a Sebastián Piñera que no supo nada de la venta que hizo la sociedad de sus hijos de la mina Dominga a una sociedad controlada por Carlos Alberto Délano, fue imprudente al no reaccionar contra los administradores de esa sociedad que redactaron el contrato y lo firmaron en Islas Vírgenes Británicas. La cláusula que condicionaba el pago de una cuota del precio a que el terreno no fuera declarado “zona de exclusión o parque nacional o reserva natural que impida definitivamente el desarrollo de la actividad minera relativa al Proyecto Dominga” antes del 13 de diciembre de 2011, como ha sostenido Arturo Fontaine, es una cláusula infamante. Si ella salió a la luz el 2017, debió haber suscitado un enérgico rechazo del Presidente contra quienes se encargaron de esa operación.

Esto ha permitido que Chile figure con autoridades que realizan millonarias operaciones en paraísos fiscales conforme a la investigación periodística de los llamados Pandora Papers. Se ha dicho que aquí hay cosa juzgada, pero la cosa juzgada solo resulta de la resolución judicial de sobreseimiento que no parece haber incluido estos hechos. Como ha señalado el exfiscal Carlos Gajardo, el que un texto similar esté en la carpeta investigativa de la fiscalía no inhibe un nuevo juicio. Debe agradecerse que el fiscal nacional haya instruido abrir una nueva investigación por estos hechos, aunque, por cierto, la última palabra la tendrán los tribunales.

Aun así, resulta insólito que casi inmediatamente los diputados de oposición hayan anunciado una acusación en contra de Piñera sin que se hayan investigado y determinado los hechos. Esto demuestra que se trata de una maniobra política de la más alta irresponsabilidad.

La acusación constitucional anunciada, por lo que sabemos, resulta inadmisible. Se señala que habría “comprometido gravemente el honor de la Nación”, pero no debe confundirse la honra de Chile como nación con la aparición de nuestro país unido a muchos otros en los medios internacionales por una práctica que, aunque desdorosa y con visos de falta de transparencia, es común no solo en políticos, sino en jugadores de fútbol, cantantes y multimillonarios.

Se alega que habría transgresión al principio de probidad y que el Presidente habría infringido la ley que prohíbe a un funcionario intervenir en asuntos de interés personal o de interés de su cónyuge e hijos; pero lo que justamente hizo Piñera fue no intervenir en el asunto, además de que la propuesta es de competencia del Consejo de Ministros para la Sostenibilidad. No hay constancia de que este Consejo hubiera hecho esa propuesta. Mal puede imputarse al Presidente que no haya dictado el decreto supremo.

Si lo que se imputa a Piñera es no haber declarado el área como zona protegida, algo similar debiera reprocharse a la expresidenta Bachelet, que gobernó del 2014 al 2018, y que nunca hizo tal declaración. Y también podría conjeturarse que ella tenía intereses familiares, ya que su nuera tenía terrenos en la zona e incluso ella misma compró uno para su hija menor.

Pero lo que más sorprende es que se acuse al Presidente por hechos ocurridos en su primer gobierno. La Constitución exige que se trate de actos cometidos en “su administración”, es decir, en el gobierno que está ejerciendo o en los seis meses posteriores a su término. Los hechos imputados, de haber ocurrido, pertenecen al primer mandato, por lo que toda posibilidad de acusación constitucional por ellos precluyó al vencerse los seis meses de terminado ese gobierno.

No se trata de defender a Sebastián Piñera. Lo que defendemos es la institucionalidad jurídica y el Estado de Derecho. No tiene sentido que, a pocos meses de terminar su mandato y estando ad portas de elecciones presidenciales y parlamentarias, se acuse al Presidente por una frivolidad política que podría desatar una crisis de gobernabilidad de proporciones. Y, dada la falta de respeto a las reglas, nada asegura que el Senado no apruebe la acusación y, si así fuera, Chile ingresará al triste listado de países latinoamericanos cuyos presidentes no logran terminar sus gobiernos, pese a haber sido elegidos democráticamente.