Camino de destrucción

El oportunismo electoral más burdo, la irresponsabilidad política y el rupturismo radical parecen abrazarse para volver a poner a Chile en una situación de incertidumbre extrema. Precisamente cuando operaban los dispositivos para encauzar la profunda crisis desatada a partir de octubre de 2019, una sucesión de hechos ha venido a mostrar tanto la fragilidad del escenario en que se desenvuelve la vida nacional como la persistencia de quienes apuestan por su completa desestabilización.

La acusación constitucional anunciada esta semana contra el Presidente de la República; los desbordes de una Convención en que la idea de construir la “casa de todos” ha sido desplazada por las utopías fundacionales; las nuevas expresiones de una violencia narcoterrorista que impone su control territorial en extensas zonas de La Araucanía y en barrios de las principales urbes; en fin, la demagogia sin límites de parlamentarios que no dudan en demoler las bases de nuestra solidez económica, son todas manifestaciones de un deterioro que sigue corroyendo a Chile.

Si las primarias de julio dieron cuenta de un giro hacia la moderación y trajeron renovado aire, hoy, a seis semanas de una elección presidencial y parlamentaria de trascendencia máxima, el horizonte otra vez parece nublarse. No es inevitable esta trayectoria autodestructiva. Pero corregirla demanda una ciudadanía que tome conciencia de su gravedad, así como liderazgos comprometidos con la responsabilidad y la sensatez.

Objetivo, la figura presidencial

Han sido reiteradas en el tiempo las críticas —algunas, formuladas en estas páginas— al modo en que el Presidente Piñera resolvió las cuestiones relativas al manejo de su patrimonio y de eventuales conflictos de interés, particularmente al inicio de su primer gobierno. Hechos como la controversia respecto del proyecto Dominga confirman lo certero de muchos de esos cuestionamientos. Sería, sin embargo, cándido atribuir a algún genuino interés por la transparencia el escándalo político que se ha buscado generar a partir del capítulo chileno de los llamados Pandora Papers, difundidos el pasado domingo. Sin que esos documentos hubieran revelado información que fuera antes desconocida, ya a las 48 horas, y con tono de impostada indignación, los diputados opositores anunciaban una acusación constitucional en contra del mandatario, la segunda del período.

Es evidente el intento de hacer de este el principal tema de la campaña electoral en curso, incluso confesado por sus impulsores, al explicitar la intención de votar el libelo en los días previos a los comicios. Pero el alcance es aún más complejo que el mal uso de una herramienta constitucional de ultima ratio. Hay una línea de continuidad entre este anuncio y los llamados que el timonel comunista formulara la misma mañana del 19 de octubre de 2019 pidiendo la renuncia del Presidente Piñera, los empeños sucesivos por provocar una ruptura institucional en los días siguientes y la acusación que, por estrecha diferencia, la Cámara desechara en diciembre de ese año. En definitiva, todo un sector radicalizado —el mismo que rechazó el acuerdo del 15 de noviembre— ha buscado durante los últimos dos años impedir que el actual jefe de Estado concluya su período, apostando a generar así un quiebre funcional a su proyecto político de completa demolición del modelo de desarrollo. Como si se empeñara en desmentir su convicción democrática, parte importante de la oposición más moderada se sumó a ese empeño en la acusación de 2019 y vuelve a hacerlo ahora, tal vez tentada por asestar así una derrota, no solo al mandatario que la ha desplazado dos veces del poder, sino a la centroderecha como alternativa de gobierno hacia el futuro. El Frente Amplio, en tanto, socio político del PC, parece haber encontrado en la persecución a Piñera un punto de confluencia con sus aliados y una forma de exorcizar las cuentas que la izquierda más extrema le cobra al candidato Gabriel Boric por haber suscrito el acuerdo del 15 de noviembre: no resulta casual que Boric sea reiterativo en anunciar dicho intento persecutor contra el actual jefe de Estado, voluntad más propia de caudillos autoritarios que de quien busca dirigir un país con pleno respeto al Estado de Derecho.

Hay inmensa irresponsabilidad en esta acusación. Ella activa a los grupos más involucrados en la violencia callejera y hace resurgir el fantasma de la desestabilización. Pero, incluso sin verificarse los peores escenarios, establece un patrón de confrontación entre adversarios políticos que, a no dudar, tendrá proyecciones que debieran preocupar a todos los sectores que aspiren a conducir el país. Pensar que la odiosidad que se ha concentrado sobre Piñera es una cuestión simplemente atribuible a su particular personalidad, estilo o conductas constituye una ilusión. Es la figura institucional del Presidente de la República el blanco último del ataque.

Constitución, una casa solo para algunos

Desde la decisión de sancionar el negacionismo hasta la declaración de ejercer un poder originario y la aprobación del plebiscito dirimente —no solo inconstitucional, sino también una violación abierta del acuerdo del 15 de noviembre por parte de fuerzas políticas que lo suscribieron—, los tres primeros meses de la Convención, destinados a la discusión reglamentaria, dejan un balance preocupante.

Entregado en esta fase el proceso a las transacciones entre dos versiones de la izquierda radicalizada —una, la del Frente Amplio, algo más institucional; otra, la del PC y sus aliados, abiertamente rupturista—, la idea de una Constitución con la que todos los ciudadanos puedan identificarse parece ir olvidándose y en cambio se impone la pretensión de hacer de ella un instrumento al servicio de un proyecto específico: la refundación de Chile. Es verdad que en estos tres meses también hay logros y que algunos de los peores intentos por desbordar el proceso desde adentro han sido desactivados, pero a un costo altísimo, con decisiones —como la de votar su propio quorum, omitiendo que este ya fue fijado por la reforma constitucional que diera origen al proceso— cuyo alcance futuro resulta incierto. Esto, en el contexto además de una tensa relación entre el Frente Amplio y el PC, fuerzas que sustentan la candidatura presidencial de Boric, el postulante que hoy encabeza las encuestas y que en los últimos días ha debido prodigarse en gestos hacia sus aliados comunistas, además de ser advertido por aquel al que derrotó en la primaria de que no podrá torcerse “un milímetro” del programa que pacten.

Tal vez lo más inquietante sea sin embargo una cuestión simbólica: la decisión de exaltar el próximo 18 de octubre escogiendo ese día para iniciar la discusión constitucional de fondo. La señal es inequívoca: la mayoría que controla la Convención ha escogido como su emblema el aniversario de una jornada de cruda violencia insurreccional. En lugar de celebrar, por ejemplo, la marcha del millón de personas o el propio acuerdo de noviembre, los convencionales están diciéndole al país que la nueva Constitución se redactará bajo el signo de la destrucción. El contraste es, en verdad, estremecedor. La fecha emblemática de los ahora execrados treinta años, aquel 5 de octubre en que los chilenos se reencontraron pacíficamente en una jornada en que vencedores y vencidos fueron igualmente protagonistas, ha pasado al olvido; en cambio, se pretende iniciar una nueva era conmemorando laudatoriamente la violencia y el enfrentamiento. Así, la que debería ser la “casa de todos” empieza a proyectarse como un lugar en el que solo algunos serán acogidos.

Ni siquiera un gesto

En una semana marcada por la profundización de la violencia en La Araucanía, el que la mesa de la misma Convención, encabezada por Elisa Loncon —con una frialdad que no pueden disimular las imágenes—, negara un minuto de silencio por la muerte del agricultor Hernán Allende (quien falleció debido a las quemaduras sufridas en un ataque incendiario a su casa) y del trabajador agrícola Pedro Cabrera (quien recibió el año pasado un disparo en la cabeza cuando terminaba su jornada laboral en un fundo en Collipulli), no solo da cuenta de una arbitrariedad frente a situaciones semejantes, sino sobre todo muestra que un determinado sector es incapaz de realizar mínimos gestos de humanidad con tal de fortalecer sus posiciones. Ello contrasta con la actitud del Senado, que, con un respeto transversal, estuvo dispuesto a guardar ese minuto de silencio sin recriminaciones.

La incógnita de cómo actuarían en la Convención los representantes de los pueblos originarios elegidos parece irse decantando hacia las posiciones más radicales. Como han puesto de manifiesto diversos estudios sobre sus votaciones en el hemiciclo, su comportamiento hasta ahora parece casi indistinguible con el del Partido Comunista, con el que han formado una especie de coalición. Lo que no resulta para nada claro es que ello sea el sentir mayoritario de las poblaciones que dicen representar, que solo en un bajísimo porcentaje votaron por los candidatos incluidos en la lista de escaños reservados.

La ruta al “neopobrismo”

Pocas imágenes resultan más ilustrativas del grado de deterioro de la política que las declaraciones de los más diversos parlamentarios justificando un cuarto retiro desde los fondos de pensiones o anunciando que se encuentran en un proceso de “reflexión”, la forma con que suele adornarse ante la opinión pública el tránsito ya decidido entre una postura y otra. Abundan los ofertones, el oportunismo, las propuestas técnicamente insostenibles a problemas complejos; todo ello, a sabiendas de que en el mediano y largo plazo se inflige un daño irreparable a los ciudadanos y, especialmente, a los sectores más necesitados, a los que aseguran querer ayudar. Se ha llegado a “resignificar” el concepto de liderazgo político, el que consistiría ahora en convencer al respectivo sector de votar lo que resulta popular y necesario para ganar elecciones, y no lo que es mejor para el país. Se privilegia así de forma desenfadada el interés personal por sobre el bien común.

El impacto económico tras la sostenida demolición de las instituciones resulta ya inocultable. El aumento de la inflación, las alzas de las tasas de interés y los altísimos montos de retiro de dividendos por parte de los accionistas dan cuenta de que la crisis política está afectando dramáticamente la confianza —la Convención Constitucional parece también esforzarse en incrementar el clima de incertidumbre—, al punto que el país se está encaminando a un trágico deterioro de la calidad de vida.

La peregrina idea de que muchas de las medidas propuestas nos pondrían en el camino de ser como países europeos cuyos sistemas parecen añorarse esconde una verdad distinta: la ruta que se pretende seguir supone más bien una escala indefinida entre naciones mucho más cercanas a nuestro entorno, ejemplos de los peores modelos latinoamericanos, que sus ciudadanos han padecido por décadas. Tras muchas de las críticas simplistas al “neoliberalismo”, está lo que el ex presidente del gobierno español Felipe González ha llamado “neopobrismo”, esto es, la voluntad de igualar en la pobreza. No existen, en efecto, propuestas serias de mejoramiento económico o desarrollo, sino solo un eficaz discurso de protesta dirigido contra determinadas personas o grupos —la élite, el poder económico, etcétera—, en que el asistencialismo se enfrenta al sacrificio personal y al mérito, y se termina inexorablemente diseminando miseria.