El vicepresidente de la Convención Constitucional es alguien a quien debemos prestar atención. Además de ser una de las principales figuras de la Mesa Directiva y de la Convención, es muy representativo de lo que esta quiere que veamos de ella. Abogado constitucionalista, joven, político novel y hábil del Frente Amplio, de carácter aparentemente templado, intenta siempre parecer como una persona dialogante, inclusiva y mostrando los resultados del proceso. A ratos se victimiza, pero qué le vamos a hacer, si hoy quien no se victimiza no existe. La Convención, en muchos sentidos, es como Bassa. Inclusiva, aunque no tanto (porque sancionará a los convencionales “negacionistas”); dialogante, aunque tampoco tanto (pues deliberación e intercambio de ideas para zanjar los reglamentos en el Pleno no hubo); sacan la pega (aunque si esta se ajusta a la institucionalidad es otra cosa) y, por cierto, es víctima. Te miran feo si la criticas y te dicen ¡Hay que cuidar la Convención!

Pero más allá del aparente manto de novedad y virtuosidad que cae sobre Bassa y la Convención, se esconden ciertas conductas muy preocupantes, incoherentes y con ciertos rasgos de autoritarismo. Pequeños detalles resultan reveladores. Durante las primeras horas de funcionamiento de la Convención, Bassa, en su calidad de vicepresidente de la instancia (la que hizo expresamente patente) exigía a un carabinero que liberara a un convencional detenido tras verse involucrado en desórdenes públicos. Facultades no tenía, pero tiene Convención. Tal y como cuando la Convención decidió que podía, por la vía reglamentaria, regular la vacancia y reemplazo de convencionales, contradiciendo la Constitución. Facultades no tiene, pero nos dijo que había que llenar un vacío que en realidad no había. La Constitución regula la materia, pero a la Convención no le gustó que la vacancia en el cargo la calificara el Tribunal Constitucional y que los independientes no fueran reemplazados, como dice expresamente la Constitución. Sin embargo, Atria, del mismo conglomerado de Bassa, explicaba en la prensa que el reglamento no era el instrumento para regular los reemplazos y que debía reformarse la Constitución. Pero luego, en el Pleno, ambos votaron para que lo hiciera el reglamento. No hay nadie que lo comprenda, pero es que siguen creyendo que son el rey y, bueno, a la Convención hay que cuidarla.

Bassa, tras concluir las jornadas de votación del Reglamento de la Convención dijo estar orgulloso de que esta se diera sus propias reglas. Demás está decir que no hizo mención alguna a las reglas constitucionales que, por sobre los reglamentos, rigen a la Convención y la limitan. Muchas de ellas fueron vulneradas, pero es que la palabra de la Convención es la ley. Por ejemplo, se estableció que todas las normas de todos los reglamentos debían aprobarse por mayoría simple, en circunstancias que la Constitución señala que el reglamento de votación debe aprobarse por 2/3. Y tanto Bassa como la Convención celebraron la estrategia —de trasgredir la Constitución— pues era la única manera, nos dijeron, de asegurar la regla que mandata a la Convención a aprobar por 2/3 las propuestas de normas constitucionales. Pero ello es una falacia pues la regla ya está asegurada por la Constitución y la Convención no puede alterarla, pero Bassa nos convence que fue esta última quien la aseguró. En otras palabras, la Convención hace siempre lo que quiere y su palabra es la ley. Y lo más increíble es que nos sigan tratando de convencer de aquello cuando al mismo tiempo aprueban sendas referencias a que existirá un plebiscito intermedio dirimente cuando no se alcancen los 2/3, pero sí los 3/5. Nos dicen, tranquilos, si en realidad no se pueden hacer. Apuesto mi cabeza que los harán. Su palabra es la ley.

Pero la institucionalidad se obvia cuando conviene. Cuando se trata de pedir recursos a la Dipres, ni la Convención ni Bassa hacen alarde del carácter de poder constituyente originario que le dieron a esta en el Reglamento. Tampoco se les olvida la institucionalidad cuando nos recuerdan que ninguna autoridad ni tribunal podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera del recurso de reclamación ante cinco ministros de la Corte Suprema que regula la Carta Fundamental.

Pero en realidad somos nosotros quienes no debemos olvidar que Bassa no tiene trono, su palabra no es la ley ni puede hacer siempre lo que quiera. Tampoco la Convención. Acá no se trata de llegar primero, llenos de trucos y tretas, sino que hay que saber llegar. Para llegar a buen puerto, a lo menos, se debe seguir el camino institucional.