Voy a comentar en estas líneas dos proyectos de ley en curso en el Parlamento desde la perspectiva de una política de izquierda. Defino política de izquierda como aquella que siempre busca una mayor justicia social en la sociedad y que debiera privilegiar a los trabajadores y a los sectores medios y populares.

Dicho lo anterior, quiero en primer lugar destacar un acierto. El proyecto de ley enviado por el Presidente de la República para ampliar el pilar solidario. Como suele ocurrir en este Gobierno que tiene una demanda de años desde los partidos y las comisiones técnicas, finalmente ha iniciado su trámite parlamentario.

El pilar solidario creado por Michelle Bachelet en el año 2008 buscaba avanzar hacia una pensión básica universal lo más digna posible. De esa manera se crearon dos instrumentos dentro de este pilar: la pensión básica solidaria para aquellas personas que no habían cotizado nunca dado su empleo informal o bien su condición de dueñas de casa; hoy en día la pensión básica solidaria llega a más de medio millón de personas, la mayoría mujeres.

El otro pilar es el aporte previsional solidario cuyo objetivo es mejorar las pensiones de los que cotizaron pero que por sus bajos sueldos y/o lagunas viven con una pensión autofinanciada muy baja. Como ejemplo, voy a colocar tres situaciones: el aporte previsional solidario para una pensión autofinanciada de $75.000 es de $151.000, lo que implica una pensión final de 226.000; una pensión autofinanciada de $250.000 recibe un aporte de $92.000 y alcanza a $342.000; una pensión autofinanciada de $350.000 recibe un aporte de 58.000 y termina en $408.000. Es decir, una política pública cuyo objetivo es mejorar las pensiones más bajas y con un sistema de aporte progresivo. La limitante de este pilar son dos requisitos; pertenecer al 60% más pobre y tener más de 65 años.

El proyecto en curso amplía el pilar solidario al 80% más pobre, lo que implicará más de 100.000 nuevas pensiones básicas solidarias y más de 400.000 nuevos aportes previsionales solidarios, lo que dejaría a más de dos millones de pensionados bajo esta protección y ayuda estatal. El costo total del pilar solidario quedará, en consecuencia, en alrededor de US$ 3.000 millones, los primeros 2 mil financiados con impuestos generales y los últimos mil serán financiados con la eliminación de a lo menos 5 exenciones tributarias normalmente utilizadas por el 10% de mayores ingresos. Hasta ahí el acierto.

El error está en el cuarto retiro. Personalmente apoyé el primero, segundo y el tercer retiro, mientras el Gobierno no aplicara un ingreso familiar de emergencia universal, los retiros eran legítimos. Cabe recordar que hace un año y medio, al inicio de la pandemia y en medio de una abrumadora crisis social, el Gobierno planteó una ayuda por persona de $65.000 y, al mismo tiempo, la oposición le solicitábamos por persona $171.000. La derecha se demoró un año y medio en encontrarnos la razón y hoy día tenemos un IFE universal que cubre más de 7 millones de hogares y los 16 millones de personas cuyo per cápita es de $177.000; para una familia de 3 personas, de $400.000, y para una familia de 4 personas es de $500.000 mensuales. Con la cobertura y el monto, en mi opinión, no es necesario seguir retirando la plata de los trabajadores en esta oportunidad. Cabe destacar además que de los US$ 30.000 millones, el quintil más pobre ha retirado el 3% del total y el quintil más rico el 41% del total. Además, de ocurrir el cuarto retiro, el quintil más pobre podría retirar US$ 454.000 millones mientras el quintil más rico podría retirar US$ 7.156. millones; es decir, la regresividad misma.

Estimado lector, he descrito dos proyectos de ley: el primero, la ampliación del pilar solidario, en la dirección correcta hacia una sociedad más justa y solidaria; y el segundo, en una dirección incorrecta, porque aumenta la desigualdad en nuestra sociedad.