Señor Director:

El profesor Alejandro Vigo se declara sorprendido, en la entrevista que le hacen en la última edición de Artes y Letras de “El Mercurio”, del “repentino desapego a la legalidad” que hemos sufrido los chilenos. Su sorpresa obedece especialmente a que “un rasgo definitorio que caracterizaba a Chile era el legalismo”.

Propongo una tesis explicativa: una porción relevante de chilenos se apega al derecho por razones distintas a coincidir moralmente con el contenido de sus normas, o a considerar, como hace el Sócrates del Critón, que tenemos el deber moral de obedecerlas meramente en razón de ser ellas emanación del Estado, cualquiera sea su contenido, incluso si nos parecen injustas. Esa porción sigue al Derecho fundamentalmente por miedo a la sanción que acarrea su incumplimiento. Vale decir, los chilenos adoptamos, con excesiva frecuencia, lo que el profesor H.L.A. Hart denominó un punto de vista externo respecto del Derecho.

La situación recién descrita arroja al menos dos consecuencias. La primera resulta obvia luego del estallido social: al percibirse impunidad en la desobediencia, esta devino en masiva. La segunda: quien en Chile puede manipular la ley (i.e., evitar la prohibición o el mandato legal sin incurrir en la sanción), lo hace. Quienes cuentan con dinero para pagar abogados, los contratan a ese efecto. Esta segunda consecuencia, de muy vieja data en Chile, contribuyó relevantemente a la extendida y con sustento real percepción de abuso que constituye una de las causas principales del estallido social.

Demasiado a menudo la academia jurídica trivializa la justificación de la obediencia de las reglas jurídicas, atendido que el Derecho juzga conductas y no los estados mentales detrás de las mismas. Las consecuencias de esa aproximación son graves y están a la vista. Es tiempo de corregirla.

Álvaro Anríquez Novoa
Profesor Facultad de Derecho Universidad de Chile