Señor Director:

Complementando la atinada carta de don Miguel Zauschkevich, quiero señalar que las sociedades anónimas, de tamaño y complejidad varias veces menores a las de una municipalidad, tienen obligación legal de contar con auditores calificados e inscritos en registros de la Superintendencia. Si los legisladores quisieran terminar con el despilfarro y la corrupción, podrían instalar esta práctica en forma obligatoria.

Sería bueno utilizar toda la capacidad instalada y experiencia de esas empresas auditoras.

Dejo lanzada la idea.

Cristián Rodríguez Olivos