Hace 48 años en un día como hoy, y mediante un golpe de Estado, se instaló en Chile la dictadura cívico-militar de derecha.

Durante los siguientes 17 años, a partir de septiembre del 73, se produciría la transformación más radical, en lo político institucional y en lo económico y social, jamás conocida antes en la historia del país. Las crisis de 1830, 1891 y 1925 nunca alcanzaron el impacto de transformación de la sociedad que alcanzó la dictadura.

El compromiso inicial del régimen de “restablecer la institucionalidad quebrantada” duró hasta marzo de 1974, cuando el régimen hizo su declaración de principios que connotaba no solo el rechazo a los gobiernos de Frei Montalva y de Salvador Allende y a sus políticas, sino que repudiaba toda la evolución política, económica y social de Chile desde la década del 30 del siglo XX.

Con esa decisión inquebrantable de la dictadura se inició la transformación política institucional y económica social. La primera, a través de la implementación de la Constitución del 80 redactada por 10 personas designadas por Pinochet, revisada por algunas más en el Consejo de Estado, también designado por Pinochet, y finalmente por la propia junta de gobierno y sus asesores. La clave de esta institucionalidad era construir, en palabras del régimen, “una democracia protegida”, cuyo objetivo fue impedir en el futuro que las fuerzas progresistas le realizaran cambios sustantivos a este diseño político.

Quien reflejó el espíritu de dichas normas fue el ideólogo de estas, Jaime Guzmán, quien en un acto de sinceridad escribió en la revista Realidad N° 7 de 1979, en su pág. 19, lo siguiente: “si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quien juegue en ella sea lo suficientemente reducida para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Para concretar ese diseño, la Constitución del 80 estableció “4 candados” y una tutela para impedir los cambios a los que se refería Guzmán. El primer “candado” fue el sistema binominal, en que un tercio más un voto elegía un representante y dos tercios menos un voto elegía el otro.

Esto lo vivió en su propia experiencia el creador de este sistema, dado que en la primera elección de senadores en la circunscripción poniente de la Región Metropolitana los candidatos de la Concertación, Zaldívar y Lagos, obtuvieron casi el doble de los votos de los candidatos de derecha, Guzmán y Otero; sin embargo, a pesar de la diferencia en la votación, cada coalición eligió a un representante.

El segundo “candado” fueron los senadores designados, institución que le aseguraba a la derecha ser mayoría en el Senado con los 9 designados por Pinochet más el sistema binominal ya descrito. El primer y segundo “candado” lograron ser abiertos 25 y 15 años después, respectivamente.

El tercer “candado” son los altísimos quórums para reformar los capítulos sustantivos de la Constitución del 80, y el cuarto “candado”, las atribuciones del Tribunal Constitucional. Estos dos últimos cierres nos han acompañado los últimos 31 años. Además, debiéramos agregar que la Constitución del 80 originaria no era la “casa de todos” tan de moda en el presente, sino la casa de la minoría, considerando que en su artículo octavo, felizmente cambiado en 1989, marginaba de la vida cívica a un 35% de los chilenos, cifra que proviene de la última elección parlamentaria antes de septiembre de 1973, en que las fuerzas excluidas por dicho artículo representaban ese porcentaje de votos.

La otra transformación radical fue en el modelo económico y social que, mediante el Estado subsidiario y las 7 modernizaciones, condujo a la privatización de la economía y sociedad chilena, y a la pérdida de derechos adquiridos en materia de salud, educación, vivienda y previsión obtenidos a través de años de lucha por la mayoría trabajadora. Es así como esto se aplicó en el sistema de salud segregando a uno de otros, en el sistema previsional creando las AFP, en el plan laboral disminuyendo los derechos del factor trabajo, y en muchas otras políticas públicas. La evaluación económica del modelo neoliberal es bastante crítica, es así como el promedio anual de crecimiento de la economía durante el régimen alcanzó solo el 2,9%, tasa inferior de crecimiento a los 17 años anteriores a la dictadura y a los 17 años posteriores al régimen; además, la inflación y el desempleo tuvieron un promedio anual siempre sobre los dos dígitos, y el sector público, en salud, educación y vivienda, sufrió un enorme deterioro.

La transformación más radical, como lo hemos mencionado en la historia de Chile en este régimen, implicó además una represión implacable, condición necesaria para aplicar las políticas mencionadas y que en cifras son impresionantes: 3.200 ejecutados, de los cuales hasta ahora más de 1.000 continúan desaparecidos; 38.000 torturados; 160.000 exonerados del sector público y privado, y decenas de miles de exiliados.

Con la derrota del régimen en el plebiscito del 88 se inició la gradual recuperación del sistema democrático, tanto en lo institucional como en lo técnico y social, y de eso son testimonios los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Finalmente, a raíz de los avances sucedidos y la explosión social de octubre de 2019, hoy sí se construye una nueva Constitución, en que sus redactores no han sido designados por el poder de turno, sino por la ciudadanía, y ahora sí, y por primera vez en la historia, es posible construir “una casa para todos”.