La detención en territorio nacional de dos oficiales y un sargento del Ejército boliviano, denunciados por ingreso armado y participación en robo de vehículos, debería culminar con su pronta expulsión. Corresponde que el gobierno de Bolivia asuma responsabilidades y se comprometa a adoptar medidas disciplinarias y control, que eviten la repetición de estos hechos. Nada de lo anterior ha ocurrido. Más todavía, durante los gobiernos de Evo Morales los infractores, algunos confesos, terminaron siendo condecorados.

Deplorable ha sido la reacción del Ministerio de Defensa de Bolivia justificando el ingreso ilegal a varios kilómetros de los límites entre ambos países. Sostiene la inverosímil y reiterada excusa de una detención arbitraria, con ocasión de un procedimiento para detener contrabandistas.

El Presidente Luis Arce tiene la oportunidad de imponerse y corregir el uso político y manipulaciones de episodios similares practicadas por su predecesor. Semejante proceder no parece fácil, por la significativa gravitación de Morales en los destinos bolivianos. Demostrativa de su influencia es la prisión preventiva que sufren opositores de Morales, la expresidenta Jeanine Áñez y colaboradores, privados de libertad desde marzo recién pasado.

Probablemente surgirán obstáculos burocráticos y judiciales nacionales para la expulsión de los soldados bolivianos. Así ha sucedido en ocasiones anteriores, prolongando innecesariamente por más de 30 días un desenlace previsible que debería ser expedito. Algo semejante es corriente incluso en migrantes condenados por graves delitos.

La mesura y firmeza del vicepresidente Delgado en su respuesta a los acontecimientos y los medios policiales desplegados, son indicativos de la inquietud por la seguridad en la frontera norte, que requiere de la mayor atención, por el aislamiento, desamparo y limitaciones para el bienestar de sus pobladores, que sufren de ingresos clandestinos y por la criminalidad que penetra desde el país vecino, con repercusiones para el resto del territorio.

Aunque se han incrementado gradualmente los fondos y personal policial en esa zona, los recursos disponibles siguen siendo insuficientes, como lo ha señalado el alcalde de Colchane que, ante la sucesión de delitos provenientes de Bolivia, se opone a una salida diplomática del incidente.

La ausencia de colaboración boliviana en la zona fronteriza solo beneficia a narcotraficantes, contrabandistas, trata de personas e ingresos clandestinos, contradiciendo la pretendida normalización de relaciones con el país vecino, anunciada por ambos gobiernos hace algunos meses. Debería ser pública y enérgica la protesta de la Cancillería. No lo sabemos.