Las noticias falsas son peligrosas. Sin lugar a dudas. Por lo tanto, deben ser sancionadas. En la época de Galileo ya se castigaban, razón por la cual fue sancionado en 1633, con prisión domiciliaria perpetua, por decir la fake new de que la tierra giraba alrededor del sol. La institucionalidad era impecable: un largo juicio y todas las posibilidades de defenderse. Y la sanción ejemplar, por contravenir la verdad oficial.

El ejemplo de Galileo es tal vez la mejor prueba del peligro de sancionar una “noticia falsa”, tal como aspiran mayoritariamente nuestros convencionales. En Bandera con Compañía, en la sesión Nº 26 de la comisión de Ética, se tomó la decisión de incorporar un artículo con el que se busca sancionar a los convencionales que difundan información falsa. Esto debe ser aprobado por el pleno de la Convención, sin embargo, la propuesta ya cuenta con la validación de la comisión técnica.

Así las cosas, nos aprestamos a discutir la Constitución del siglo XXI con la obligación de no decir cosas falsas. En teoría bien, pero ¿quién va a determinar lo que es falso? No está claro aún, pero probablemente será entregado a la mayoría de sus miembros o a una comisión, imponiéndose lo que John Stuart Mill describía como la tiranía de la mayoría. Mientras tanto, se estableció un criterio claro (aunque algo tautológico): “Se entenderá por noticia falsa la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real siendo falso”.

Y si bien inicialmente se busca sancionar el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Pinochet y las violaciones a los derechos humanos en el estallido social, probablemente más adelante se buscará extender a más cosas. Así, se podría sancionar a quien diga que los últimos 30 años de Chile fueron los mejores de su historia, se podría sancionar a quien diga que los presos por quemar iglesias, museos y universidades no son presos políticos.

Y, por cierto, habrá un amplio consenso para sancionar a quien sostenga que establecer derechos sociales en la Constitución no augura por sí mismo ninguna mejora en el bienestar. Y si alguien llegara a plantear lo que recientemente dijo Vargas Llosa en una conferencia para Chile —en cuanto a que es mejor fomentar el mestizaje por sobre la pluriculturalidad—, la sanción debiera ser ejemplar.

Un absurdo de principio a fin. Pero lo que se ha establecido para los convencionales probablemente se intentará aplicar de alguna forma a la nueva Constitución. Total, como dijo una convencional “hay quienes creen que la libertad de expresión es un manto sagrado”.

En 2005, Venezuela incluyó en su Código Penal una ley que penaliza la difusión de información falsa, lo que permitió eliminar la prensa independiente. Algo parecido hizo en 2020 la ley de delitos digitales de Nicaragua. El kirchnerismo creó un organismo para supervisar las noticias, un primer paso hacia el “Ministerio de la Verdad,” algo que Orwell ya nos había adelantado. Pero estas pulsiones totalitarias no son solo de nuestro continente: en Malasia se establece seis años de cárcel por crear, publicar o diseminar noticias "total o parcialmente falsas" que afecten al país o a sus ciudadanos. Singapur y Filipinas han hecho lo propio. Y muchas otras autoridades del mundo buscan hacer lo propio.

Pero estos intentos totalitarios no vienen solo de la izquierda. Hace un año, dos diputados de la UDI presentaron un proyecto de ley para evitar la divulgación de noticias falsas. La iniciativa buscaba sancionar con una multa de hasta $10 millones y con penas de cárcel desde 541 días hasta 5 años.

Quien hable de las bondades del comunismo en el mundo está diciendo una fake new. Quien diga que los retiros desde las AFP son una buena política o quien diga que las vacunas no sirven, también. Y así suma y sigue.

Pero las noticias falsas se combaten con argumentos y con libertad de expresión. Porque no podemos entregarle la potestad a alguien para que determine qué es lo falso, ya que es una herramienta para someter a sus ciudadanos, y porque lo que a todos les pueda parecer falso tal vez tenga algo de verdad.

Nada de eso, sin embargo, ocurrirá en nuestra Convención. Con gran entusiasmo, el coordinador de la comisión, el comunista Marcos Barraza, anunció sanciones como amonestaciones escritas, la censura para ocupar cargos; la imposibilidad de hacer uso de la palabra y sanciones pecuniarias. Además, se incorporó “cursos de formación obligatoria”, tal vez inspirados en la Constitución de Corea del Norte.

Es de esperar que el pleno no respalde semejante propuesta. Mientras tanto, tal vez es momento de recordar al viejo Gorgias: “La verdad no existe. Si existiese no podría conocerla. Si la conociera, no podría comunicarla”.


*Por error editorial, ayer se publicó una columna anterior de Francisco José Covarrubias.