La Convención Constitucional cumplió un mes de los nueve que tiene para redactar una propuesta de nueva Constitución. Se ven pocos avances y sí muchas rencillas, exabruptos, tironeos de lado y lado, y cultura de la cancelación.
La guinda de la torta ha sido lo sucedido en la subcomisión de Reglamento, en la que, junto con eliminar del borrador del texto la mención a la Convención Constitucional como de la “República de Chile”, se consagra el concepto de “plurinacionalidad”, entendido como “reconocimiento de los pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la Tierra y sus territorios, instituciones y formas de organización... ”. De esta manera, se pretende dar por zanjado desde ya que la Constitución va a instituir un Estado que no llevará el nombre de República y que será plurinacional.
Las razones que se dieron para eliminar República de Chile fueron que debía armonizarse el art. 2º con el art. 1º, que hablaba de Convención de los pueblos de Chile. La convencional mapuche Rosa Catrileo expuso que era necesario cambiar de paradigma, ya que los pueblos indígenas sienten que la República de Chile no los ha reconocido, y agregó: “y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado”. Lo preocupante es que una amplia mayoría de los integrantes de la comisión respaldó esta medida: 9 votos contra 2.
Se trata de un error grave, basado en una ignorancia histórica y política. Desde los albores de la independencia se ha considerado que el régimen de gobierno en Chile es el republicano, para dejar atrás su calidad de colonia de la monarquía española. Es lo que quisieron padres de la Patria como Juan Egaña, Camilo Henríquez, José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins y Ramón Freire: configurar Chile no como reino, sino como una república. Y esto porque la palabra “república” viene del latín y aúna dos vocablos: res, cosa o asunto, y publico, del pueblo, y surgió cuando los romanos depusieron al rey de Roma Lucio Tarquinio en el 509 a. C., y consignaron que ya no eran un regnum (propiedad de un rey), sino una res publica (propiedad del pueblo).
Los patriotas que lideraron el proceso de independencia quisieron consagrar una república, siguiendo así el ejemplo de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, que se declaró republicana después de ejecutar a Luis XVI. Ya desde la Constitución de 1823, se habla de Chile como República, incluso en el título de la Constitución. Así, las de 1833, 1925 y 1980 se autodenominan Constitución Política de la República de Chile.
Si se tratara de evitar la revictimización de las etnias indígenas, entonces tendríamos que hacer desaparecer el nombre de Chile de la Constitución, ya que simbólicamente representaría a ese Estado invasor y genocida que se propuso avasallar y extinguir a sus pueblos originarios. Una burda caricatura que no resiste análisis.
Debe tenerse en cuenta que las reglas constitucionales de la Convención señalan en forma expresa que el texto de la nueva Constitución deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile. Si se parte por suprimir la expresión “República”, no se ve cómo se puede entender que eso sea respetar el carácter republicano de Chile.
La marcha de la Convención no se ve auspiciosa. El Gobierno no debiera pagar las asignaciones que los mismos convencionales se subieron, ya que las normas constitucionales que la rigen disponen que tales asignaciones deben contemplarse en el Reglamento de la Convención. Tiene razón el convencional Fernando Atria en que las asignaciones no deben estar en la ley de presupuesto, sino en el Reglamento.
Pero, entonces, que los convencionales trabajen y se apruebe por fin ese Reglamento, y no se distraigan en cosas fútiles y absurdas como la de excluir la palabra “República” y afirmar una plurinacionalidad que es más que discutible que se aplique a una nación como la chilena. Lamentablemente, no parece que sea así, ya que ayer se votaba una prórroga del plazo para las comisiones.