Justo cuando el regreso del fútbol se apronta a cumplir un año, luego del receso obligado por la pandemia, el público retorna a las canchas. Será a cuentagotas por las circunstancias sanitarias, aunque las dificultades administrativas, cuyo origen es la violencia que la actividad y el Estado nunca enfrentaron en serio, impidieron a los rancagüinos que les gusta el fútbol asistir al cotejo entre Audax Italiano y Wanderers. La norma solo permite entrar a los RUT asociados al local.

La gente común y corriente, que no bravuconea con el aguante, tiene que mirar por televisión el deporte que sigue desde su infancia. El fútbol, Carabineros y demás instituciones del Estado claudicaron frente a los profesionales de la pasión. Lo que hoy normalizamos es el corolario de una bola de nieve inmanejable. En el escenario actual, las viejas reuniones dobles no serían viables para los antiguos socios “Asociación Central de Fútbol” (esos hinchas que iban al estadio a ver otros clubes, por el simple placer de ver un partido), porque el sistema rechaza su cédula de identidad.

El fútbol hace al menos dos décadas que perdió el control político de su operación. Hoy su papel se remite a negociar y aceptar las resoluciones de una autoridad administrativa que opera con el “aplausómetro” y un temor reverencial a las redes sociales. Entonces, los estadios, al aire libre, con delimitaciones e infraestructura edificada en su mayoría por el Ministerio de Obras Públicas, reciben un cúmulo de controles, mientras que los malls operan con envidiable libertad. En rigor, la distancia física no existe en los centros comerciales, pero al fútbol hay que fiscalizarlo con severidad: ofrece una caja de resonancia maravillosa para hacerse famoso.

La ANFP y sus clubes no tienen capacidad ni legitimidad para discutir esa flagrante disparidad de criterio. La extraviaron de manera paulatina, ensimismados en ese mundo que ignora la realidad. Para los asociados de Quilín los cambios que vive el país desde 2019 pasan de soslayo. En las últimas semanas escuchamos que se trabaja en los nuevos estatutos de la corporación. Se plantea que es una necesidad, impuesta por la FIFA y la Conmebol. Una verdad a medias. La adecuación propiciada desde Zúrich y Asunción apunta a las federaciones, en las que la ANFP es uno de sus asociados.

Observamos la elaboración de un traje a la medida que los regentes de los clubes confeccionan para dar una señal de modernidad y transparencia. A modo de bandera de lucha, se establece la prohibición a los representantes de jugadores de ser dueños de clubes o dirigentes. La realidad nos recuerda que en las notarías y estudios jurídicos se fraguan intrincados laberintos en la propiedad de los equipos, que amenazan con convertir en letra muerta la anunciada reforma. Cuesta creer que uno de los abogados de la oficina de Óscar Fuentes, el secretario ejecutivo de Sergio Jadue, participe en este proceso.

La lógica indica que la reforma estatutaria nacería en la federación, con la participación de todos los estamentos que componen el fútbol local. Ese mandato que proviene de la FIFA no se cumple. Se impone, una vez más, el imperio del juez y parte.