El Gobierno anunció la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta noviembre y un plan de apoyo a la creación de empleo. Se continuará entregando el IFE sin restricciones de ingresos de los hogares, y tampoco disminuirá si una persona está trabajando o encuentra trabajo. En términos de recursos representa un esfuerzo mayor del Estado: US$ 7.000 millones o tres puntos del PIB.

Hemos tenido algunas señales más auspiciosas. En junio la actividad creció 20% respecto del mismo mes del año pasado. De esta forma, el Imacec supera en 2% al del mes previo al estallido social de octubre de 2019. En otras palabras, estamos 3% bajo el producto que tendríamos sin estallido social ni pandemia. Nada mal en términos de recuperación de la actividad después de dos años durísimos. Eso sí, nuestro crecimiento de largo plazo, con el cual hacemos esta comparación, es un pobre 2,5% anual.

La encuesta de Empleo-Covid19 de la UC mostró un aumento importante del empleo desde su última medición en diciembre de 2020. Pero aún estamos muy lejos de recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la crisis. De acuerdo a la tendencia de crecimiento del empleo anterior a la pandemia, debiéramos tener más de un millón de empleos.

En cambio, las señales negativas son dos: nos alejamos de la meta de llegar al 4% de inflación anual y algunos sectores insisten en impulsar un cuarto retiro de las AFP.

Con esto en vista, se concluye que era necesario un esfuerzo adicional del Gobierno. Bien por eso. También era conveniente un IFE para fomentar el empleo.

Ahora, hay un par de temas complejos en el anuncio de este aporte de US$ 7.000 millones. Primero, pese a que la economía privada muestra una recuperación, el gasto del fisco aumenta respecto de lo que existe hasta ahora. Este es un punto a considerar. Nuestras cuentas fiscales están llegando al límite de lo prudente y tenemos muchas demandas que debemos cubrir por un Chile más digno, partiendo por el déficit de 800 mil viviendas.

Segundo, el IFE de empleo que va directamente al problema de fondo, la falta de personas trabajando, involucra una fracción muy pequeña de los US$ 7.000 millones. Si se crean los 500 mil nuevos empleos que plantea el Gobierno, el gasto del IFE de empleo sería de solo alrededor de US$ 100 millones.

Tercero, la discusión de un cuarto retiro, que muy difícilmente se puede sustentar por un apoyo a los hogares, solo pone más presión en la inflación que, al final, dejará con menor capacidad de consumo a los hogares más vulnerables, porque enfrentarán mayores precios y no tienen fondos en sus cuentas de pensiones para retirar.

La propuesta del Ejecutivo debió haber apuntado con más fuerza a la promoción del empleo, enfocándose en quienes realmente están hoy en situación de vulnerabilidad. De esta forma, además de cuidar las finanzas del país, se evitaría que los apoyos que se entreguen a quienes tienen más no incidan en un alza de precios que perjudica a quienes se busca ayudar.

Por último, y quizás más importante para el devenir del país, el hecho de que los recursos entregados por el Estado no bajen, como dijo el Presidente Piñera, hasta diciembre de este año, dejará con una billetera más escuálida a quien le corresponda gobernar el próximo período. Y con la ingrata tarea de limitar las cuantiosas transferencias. En ese escenario, es muy probable que la próxima administración no pueda disfrutar de la tradicional luna de miel al inicio de su mandato.