Otra manifestación de la incapacidad del Estado es el desinterés por asumir la modernidad, con sus ventajas y riesgos.

En materia de protección de datos personales nos rige una ley de fines del siglo pasado; su reemplazo está empantanado desde hace años en el Congreso. Se están desconociendo los derechos de las personas, las repercusiones del impresionante avance de la transformación digital y la realidad política mundial.

Vinculada a lo anterior se presenta la polémica licitación para la confección de las cédulas de identidad y pasaportes. Una empresa china ha presentado la mejor oferta económica. De aceptarse, el gobierno chino contaría con la identificación hasta de las huellas digitales de todos los chilenos y extranjeros residentes. El sistema de seguridad chino puede exigir a sus empresas y residentes toda la información de su interés y, gobernado por el Partido Comunista, queda en condiciones de compartir la información disponible con partidos y regímenes afines. Aquí se trata de un servicio en que las autoridades otra vez podrían omitir equivocadamente consideraciones estratégicas, con implicancias para la seguridad nacional.

La gobernanza de la ciberseguridad también sigue pendiente. Por años se anticipa un proyecto de ley marco sobre seguridad e infraestructura crítica de la información. Este año, el Presidente Piñera anunció el envío de un proyecto que aún no presenta, que ciertamente no será despachado durante su mandato. Mientras tanto, se aplican políticas dictadas por el gobierno anterior y dos decretos del actual, todos instructivos de limitada aplicación, que carecen de la categoría de ley. Otra prueba de inmovilismo es que desde 2020 no se nombra un nuevo delegado presidencial en este ámbito, con capacidad de coordinación con el sector privado, para supervisar la aplicación de la escuálida normativa vigente y proponer actualizaciones frente a las nuevas y predecibles circunstancias.

Está demostrado que los ciberataques sirven de instrumento para interrumpir servicios básicos, desestabilizar gobiernos, alterar elecciones, sustraer informaciones reservadas que ponen en riesgo la soberanía y las relaciones de los países. Por la misma razón, en la primera reunión entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin fueron prioritarios en su agenda.

La necesidad de contar con una Agencia Nacional para Ciberseguridad, con la debida jerarquía y recursos para prevenir y gestionar incidencias de los ciberataques, es indispensable. El vacío juega en favor de la delincuencia y en contra de la seguridad nacional; desprotege a las personas y sus bienes; pone en riesgo la continuidad de las operaciones de servicios públicos y privados; y dificulta coordinarse, a buen nivel, con agencias extranjeras especializadas, encargadas de la protección de información sensible, y contribuir a combatir fraudes y la criminalidad.