Con una persistencia digna de mejores objetivos, el Congreso tramita 107 proyectos de ley que buscan de distintas formas que las personas puedan suspender sus obligaciones de pago. Incluyen iniciativas para poder retrasar los pagos de arriendos, permisos de circulación, servicios básicos y colegiaturas, así como para evitar lanzamientos y cortes de servicios.

Esta insistencia en tratar de eliminar obligaciones contrasta con el mundo real, en que las tasas de mora han caído y gran parte de los deudores buscan pagar sus deudas, usando para ello los recursos obtenidos de los retiros de AFP, las transferencias del Estado o los ingresos producto de la progresiva reactivación de la economía. En efecto, la morosidad en créditos de consumo y vivienda, que había aumentado sustantivamente a julio del año pasado, muestra ahora cifras menores que antes de la pandemia. Así, si tal vez en los momentos más álgidos de la crisis podría haber sido razonable permitir el retraso de algunos pagos, la situación ha cambiado, algo que las propuestas no reconocen. Impulsadas bajo el argumento de ayudar a las personas, si algunas de ellas son aprobadas, probablemente lograrán el objetivo inverso, pues al favorecer a los malos pagadores harán más difícil el acceso futuro a créditos o arriendos.

De hecho, el que durante este año se hayan reducido las moras muestra que la mayor parte de las personas se esfuerza por cumplir con sus obligaciones, pese a que podrían no hacerlo, aprovechando las 43 leyes ya vigentes que patrocinan retrasos, condonaciones y no pagos. Estas normas, sin embargo, sirven a algunos para la comisión de abusos. Al respecto, diversos testimonios, tanto en reportajes periodísticos como en las Cartas al Director de este diario, dan cuenta, por ejemplo, de arrendadores afligidos porque sus propiedades, de las que dependen para sus ingresos en la tercera edad, están en manos de personas que no pagan ni sus arriendos ni los servicios básicos. Producto de ello, los propietarios no solo no reciben las rentas que les corresponden, sino que, además, al estar las moras de los servicios asociadas a la respectiva propiedad, acumulan deudas cada vez más cuantiosas. El temor a que estas situaciones se multipliquen puede traer como consecuencia una disminución en la oferta de viviendas. De este modo, aun cuando los malos pagadores son un grupo pequeño, el efecto se amplifica.

No advertir ese impacto es la equivocación de proyectos como los comentados. Sus impulsores parecen estimar que las necesidades de ayuda justifican legislaciones que permitan conductas abusivas por parte de algunos, olvidando el efecto sobre terceros: a la larga, el temor al no pago termina disminuyendo las opciones de todos, incluidos quienes procuran seguir una conducta responsable.

A medida que el país sale de la emergencia y se reactiva la economía, es conveniente no seguir insistiendo en este tipo de proyectos. La sociedad se beneficiaría más con iniciativas que premien a los buenos pagadores. Por ejemplo, un sistema de información fidedigna del comportamiento de pago de un deudor, que este pueda proveer al solicitar un crédito o al arrendar un departamento. Esto no solo favorecería a esos buenos deudores, sino que alentaría el buen comportamiento de pago y aumentaría el acceso a crédito y a arriendos.