Uno de los debates más intensos y complejos de los últimos años ha sido aquel sobre el sistema de pensiones. Zanjada (aparentemente) la discusión respecto de la propiedad de los fondos que actualmente tienen los trabajadores acumulados en sus cuentas individuales, el debate que viene dice relación con el tamaño y destino de las futuras cotizaciones, la estructura para administrar el sistema y la amplitud de un programa general de pensiones.

En esto, las diferencias entre los planes de gobierno del candidato del Frente Amplio y el PC, Gabriel Boric, y el de Chile Vamos, Sebastián Sichel, son claras. Mientras este último se manifiesta a favor de profundizar la cotización individual y complementarla con un plan fiscal para asegurar una pensión mínima, el postulante de la izquierda busca implementar un sistema de reparto. Así, Boric plantea destinar íntegramente la cotización de los trabajadores (el actual 10%, más un futuro 6%) a un fondo común, denominado Fondo Solidario de Pensiones, que sería administrado por un ente público que recibiría la totalidad de las contribuciones. En una primera etapa, la recaudación por este mecanismo podría acercarse al 4% del PIB, mientras que el costo de su plan universal de pensiones sería cercano al 3,5%, unos 2,3 puntos porcentuales más de lo que actualmente gasta el Estado en el pilar solidario. De este modo, una parte de la recaudación se destinaría a pagar pensiones de jubilados actuales y otra parte se ahorraría para futuros compromisos.

El programa de Gabriel Boric plantea también la existencia de beneficios adicionales, por sobre la pensión universal, determinados sobre la base de las contribuciones efectuadas y otras consideraciones, lo que en la práctica funcionaría como un modelo de cuentas nocionales. Los detalles respecto de este componente, sin embargo, no se conocen, por lo que se hace necesario explicitar de mejor manera las implicancias para los trabajadores que se verían obligados a cotizar íntegramente en este sistema. En efecto, aunque resulta entendible que en este momento no se encuentren aún disponibles fórmulas demasiado específicas, es fundamental que las personas puedan conocer con más detalle lo que se pretende hacer en esta materia. Después de todo, la obligatoriedad de destinar un 16% del ingreso a un fondo común constituye un significativo impuesto al trabajo, y los electores debieran poder contar con los elementos de juicio pertinentes al momento de decidir su voto.

Por último, el programa no es tampoco claro respecto de lo que ocurrirá con la administración actual de los fondos ni el esquema que existiría para aquellos trabajadores que decidan no mover los ahorros acumulados hasta ahora al futuro ente público. Al respecto, se da a entender que las personas podrían mantener sus cuentas individuales, pero quedan dudas sobre la institucionalidad para administrarlas, al tiempo que tampoco hay claridad sobre el acceso a la pensión universal por parte de quienes decidan no mover sus fondos actuales al esquema público.

Finalmente, más allá de los aspectos de la propuesta de Boric que resulta necesario precisar, cabe advertir que la implementación de un sistema de reparto y la eliminación completa de la capitalización individual constituirían un cambio radical y, por cierto, perjudicial para el desarrollo económico y para la entrega de buenas pensiones, más aún en un contexto de envejecimiento poblacional. Basta observar la experiencia internacional para constatar cómo los sistemas de reparto han fracasado persistentemente, generando serios problemas fiscales.