JUAN ANTONIO MUÑOZ H.

La de Fernando Karadima Fariña fue una vida dicotómica. En lo público y en lo privado. Durante años, su figura estuvo vinculada a la Parroquia del Sagrado Corazón de El Bosque (Providencia), donde su actividad al frente de la Acción Católica y la Pía Unión Sacerdotal era vista como un faro de la Iglesia Católica. Pero todo eso se borró de un plumazo cuando se destapó su doble vida y fue acusado y condenado por el Vaticano por abuso y acoso sexual de mayores y menores, además de abuso de conciencia.

Nació en Antofagasta el 6 de agosto de 1930. Sus padres fueron Jorge Karadima Angulo, hijo de un inmigrante griego, y Elena Fariña Amengual. Estudió en el Instituto Alonso de Ercilla de los Hermanos Maristas y desde muy joven estuvo motivado por la religión y por las actividades de caridad de su colegio y, en especial, por el carisma y las enseñanzas del jesuita y santo chileno Alberto Hurtado, al que conoció y quien lo habría impulsado a hacerse sacerdote, según él relató muchas veces durante su vida.

A fines de la década de los años 40 participó como seminarista en la Acción Católica de Jóvenes, cuyo director nacional era Hurtado. De ese grupo surgieron vocaciones y varios jóvenes ingresaron a la Compañía de Jesús; otros, como Karadima, fueron al Seminario Pontificio de los Santos Ángeles Custodios, de la Arquidiócesis de Santiago.

Gran poder de convocatoria de sus misas y retiros

Fue ordenado en 1958 y asignado a la Parroquia del Sagrado Corazón, bajo las órdenes de monseñor Alejandro Huneeus Cox, quien le permitió trabajar en esa iglesia, donada por Loreto Cousiño y entregada en una suerte de comodato a la Pía Unión Sacerdotal. En 1985 fue nombrado párroco, cargo en el que estuvo hasta 2006. Durante todo ese tiempo, y aun antes, sus misas y retiros gozaron de una gran convocatoria. En torno a él se unieron muchos jóvenes y también religiosos; entre ellos, Juan Barros Madrid, Horacio Valenzuela Abarca, Tomislav Koljatic y Andrés Arteaga, sacerdotes que se vieron envueltos en el caso, pues fueron señalados por las víctimas como encubridores.

Las denuncias a la autoridad eclesiástica contra Karadima comenzaron en 2003, con las declaraciones del filósofo José Andrés Murillo, a las que se sumaron en 2004 las de Verónica Miranda, cónyuge del médico James Hamilton, quien a su vez lo hizo en 2005. Hamilton, el abogado Fernando Batlle y el periodista Juan Carlos Cruz se unieron a través de una ONG destinada a víctimas de abusos eclesiásticos para presentar una acusación formal, cuyos detalles fueron dados a conocer en el diario The New York Times.

El 20 de marzo de 2011, uno de los denunciantes, Hamilton, apareció en el programa de televisión “Tolerancia Cero” (Chilevisión) y expuso en detalle cómo él fue afectado. Además, se refirió a la demanda civil y acusó a la Iglesia Católica chilena —personalizada en el cardenal Francisco Javier Errázuriz— de ser responsable por no haber investigado las denuncias hechas por las víctimas abusadas. “Él (monseñor Errázuriz) desde 2004 tuvo nuestras denuncias (…) No solo no nos escuchó, sino que no frenó lo que pasaba”, acusó el médico. La conmoción en Chile fue enorme.

Después de ser duramente cuestionado por los denunciantes, el cardenal Errázuriz, mediante una entrevista publicada en “El Mercurio” (17 de abril de 2011), les pidió disculpas por la lentitud en la investigación y la incertidumbre por la que pasaron.

El caso de Karadima marcó el comienzo de una profunda crisis para la Iglesia Católica de Chile, pues en paralelo surgieron diversas denuncias por abusos, complicidad u ocultamiento contra otros religiosos. Esa crisis marcó la visita al país del Papa Francisco, en enero de 2018. Cuatro meses después, y de manera inédita, los 34 obispos chilenos presentaron sus renuncias ante el Pontífice, lo que dio inicio a un proceso de renovación que aún está en marcha.

Proceso y expulsión del sacerdocio

Durante varios años, Karadima fue defendido por muchas personas, probablemente debido a ese indudable carisma que tenía y que explotó durante sus años como párroco. Pero en 2010, la causa civil, que había sido archivada, fue reabierta después de que en el proceso canónico paralelo, iniciado en 2007 y entregado el 16 de enero de 2011, fuera declarado culpable de abusos sexuales contra menores con violencia y abuso de su potestad eclesiástica.

Las indagaciones incluyeron luego un testimonio de Hans Kast, canciller del arzobispado, quien el 27 de julio de 2010, tras llegar de Alemania, concurrió a la Fiscalía Oriente para complementar su carta entregada al fiscal Xavier Armendáriz el 10 de mayo de 2010. En ella, Kast decía haber presenciado tocamientos en los genitales y besos en la boca con “adultos jóvenes”, sin dar fechas ni nombres.

En una posterior declaración ante el magistrado Leonardo Valdivieso, del 10º Juzgado del Crimen de Santiago, tribunal que tomó la causa tras la declaración de incompetencia de la Fiscalía Oriente, Kast ratificó todos sus dichos y también sugirió “desactivar” el entorno más cercano de Karadima, en el cual incluyó a los sacerdotes Diego Ossa y Juan Esteban Morales.

El 21 de junio de 2011, la Santa Sede rechazó la última apelación de Karadima, confirmando su culpabilidad y los cargos de pedofilia y efebofilia. El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, dio a conocer la resolución de la Santa Sede.

Se le sancionó a una vida de retiro en oración y penitencia, además de la prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto del ministerio, en particular de la confesión y de la dirección espiritual de toda categoría de personas, y de asumir cualquier encargo en la Unión Sacerdotal. El arzobispo de Santiago fue designado como responsable de asignar su lugar de residencia, de tal modo que se evitase por completo el contacto con sus exfeligreses o con miembros de la Unión Sacerdotal o con personas que hubieran sido dirigidas espiritualmente por él. En el caso de que Karadima no obedeciera las medidas, podría recibir penas canónicas más graves, hasta llegar incluso a la pérdida del estado clerical.

El proceso civil fue cerrado y la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones aprobó el sobreseimiento definitivo del expárroco, basándose en la prescripción de la acción penal.

Más tarde, el 12 de junio de 2018, el Ministerio Público abrió una nueva causa en contra del sacerdote. La investigación se inició tras la denuncia de Santiago Valenzuela, quien declaró haber sido forzado sexualmente por Karadima en reiteradas ocasiones. El 27 de septiembre de ese año, el Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio.

Tras los procesos canónicos condenatorios, uno de los hermanos de Karadima, Óscar, declaró que su hermano Fernando había exagerado la historia de su relación con Alberto Hurtado, a quien habría conocido solo “de manera incidental y lejana”, y que el argumento de su cercanía con el Santo tenía por objetivo “adquirir influencia en sectores eclesiásticos y civiles”.

Últimos años

Karadima siempre alegó inocencia y su defensa, a cargo del abogado Juan Pablo Bulnes, señaló que los abusos homosexuales no ocurrieron cuando los denunciantes eran menores de edad, puesto que habrían ingresado al círculo de Karadima cuando tenían más de 18 años. Según Bulnes, los denunciantes se concertaron para dañar la imagen del exsacerdote y las acusaciones se debían a “frustraciones y problemas personales”.

En mayo de 2018, Hamilton, Murillo y Cruz fueron recibidos por el Papa Francisco, quien les pidió perdón en nombre propio y de la Iglesia Católica. Y recién en marzo de 2019, tras años de espera, la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda indemnizatoria interpuesta por los tres denunciantes en contra del Arzobispado capitalino. El tribunal de alzada ordenó el pago total de $300 millones. La demanda civil había sido presentada en 2013 por el abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de Cruz, Hamilton y Murillo. En ella se pedía el monto total de $450 millones. Sin embargo, la acción fue rechazada en marzo de 2017 por el ministro en visita Juan Muñoz Pardo, al considerar que la prueba rendida no permitía “tomarse convicción acerca de la existencia de la coerción, difamación y silenciamiento por parte del Arzobispado de Santiago en desmedro y sufrimiento de los actores por insuficiencia probatoria”.

Desde 2011 y hasta mayo de 2017, Karadima permaneció recluido en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, en Providencia, desde donde fue trasladado al Hogar San José de la congregación de las Hermanitas de los Desamparados en Lo Barnechea.

21 AÑOS A CARGO DE EL BOSQUE

Karadima fue párroco del Sagrado Corazón de

El Bosque (Providencia) entre 1985 y 2006.