Después de una gran contracción, causada por la pandemia del covid-19, la recuperación de la economía mundial sigue su curso. Estados Unidos está a la vanguardia de la recuperación, gracias a apoyos fiscales y monetarios sin precedentes, la adaptabilidad de las empresas y del mercado laboral para convivir con el virus y la caída de los contagios. De hecho, Estados Unidos ya ha recuperado su nivel de producto precovid-19, se encamina a crecer entre 6,5 y 7,0% este año y alcanzaría su producto potencial a fines de año. Además, como lo acaba de anunciar el NBER, la institución oficial encargada de sancionar el inicio y el término de las recesiones en Estados Unidos, la recesión duró dos meses solamente, febrero y marzo del 2020, con lo que terminó siendo la recesión más corta de la historia.

La Zona Euro, que ha utilizado apoyos fiscales más reducidos y cuenta con más rigideces, comienza a tomar impulso con los avances en la movilidad y la recuperación de los servicios, tras dos trimestres consecutivos de caídas de actividad. Al mismo tiempo, China, que comenzó a recuperarse en el segundo trimestre del 2020, pierde dinamismo como resultado de fuerzas contrapuestas, políticas monetarias, crediticias y fiscales menos expansivas y un mayor impulso externo resultante de la recuperación global.

Ahora, la rápida expansión de la variante Delta del virus, que se transmite dos a tres veces más rápido que la cepa original y que está elevando ahora los contagios en Estados Unidos, Europa y Asia, ha generado preocupación por una eventual pérdida de dinamismo de la recuperación, la cual sería afectada también por la reducción de los apoyos fiscales y crediticios.

En paralelo, la inflación se acelera en Estados Unidos, con una variación anual del IPC de 5,4% en junio, lo que puede afectar las expectativas de inflación, llevando a esta última muy encima de la meta de la Fed, una inflación promedio del 2% anual. Hasta ahora, el diagnóstico de la Fed es que esta alza sería transitoria, afectada por la base de comparación, el aumento de precios de los combustibles y cuellos de botella que limitan la oferta, pero que deberían irse disipando a medida que la economía se vaya normalizando. Con todo, la Fed reconoce el riesgo de que el salto en la inflación no se modere, ante lo cual respondería retirando los estímulos monetarios antes de lo esperado hoy. De materializarse este riesgo, se apreciaría más el dólar, empeorarían las condiciones financieras de los países emergentes y aumentaría el costo del endeudamiento en general. Ello afectaría particularmente a las empresas y países emergentes que, como consecuencia de la crisis del covid-19, han quedado con indicadores de deuda muy deteriorados.

Hasta ahora, los mercados financieros parecieran estar más preocupados de una eventual pérdida de dinamismo de la recuperación que de una aceleración más sostenida de la inflación. La tasa larga, pese al salto en la inflación, ha bajado más de medio punto porcentual desde su máximo de marzo pasado. Al mismo tiempo, las compensaciones inflacionarias de los bonos tanto a 5 como a 10 años han caído más de 30 puntos base en los últimos dos meses. Con todo, el riesgo de una aceleración en la inflación de Estados Unidos sigue presente.

Ante estas perspectivas y riesgos, la atención de los países emergentes debiera seguir focalizada en controlar la pandemia, apoyar la recuperación y comenzar a preparar el camino para emigrar a políticas orientadas a enfrentar las secuelas de la crisis en el mercado laboral, ordenar las cuentas fiscales y remover obstáculos para retomar un crecimiento sostenido.

En Chile, en cuanto a la recuperación de la crisis del covid-19, el nivel de actividad, al igual que en Estados Unidos, ya prácticamente recuperó su nivel prepandemia (febrero del 2020), gracias a substanciales apoyos monetarios y fiscales, lo último especialmente durante 2021. Tales apoyos fueron posibles gracias a la solvencia fiscal y a la gran credibilidad ganada por su Banco Central en los últimos 30 años, siendo ambos atributos poco frecuentes de encontrar entre las economías emergentes.

La principal tarea ahora, además del titánico desafío de elaborar y aprobar una Constitución —que siente las bases para retomar el progreso con inclusión y una mayor integración social—, es controlar la pandemia y recuperar los empleos perdidos: aún tenemos 960.000 empleos menos que en septiembre del 2019 (pre-estallido social), afectando especialmente a los trabajadores informales y a las mujeres y jóvenes con bajos niveles de escolaridad. En esta área se requieren políticas activas de subsidios a la contratación y de intermediación laboral, y ampliar la disponibilidad de salas cunas y capacitación para tareas poscrisis. En el caso de las mujeres, es fundamental también aumentar la disponibilidad de jardines infantiles y acelerar la reapertura de escuelas y jardines —con los debidos resguardos sanitarios—, para que las mujeres con hijos puedan reincorporarse al mercado laboral y así evitar el daño a mediano y largo plazo a los niños y al país por la suspensión de la educación presencial.

En cuanto a la solvencia fiscal, esta se ha debilitado con la pandemia. Se estima un déficit estructural del 9,5% del PIB para este año, lo que va a requerir moverse hacia apoyos más reducidos, focalizados en la red de protección social, la recuperación del mercado laboral y el crecimiento de mediano plazo. Sin embargo, las demandas de gasto público para enfrentar los problemas de pensiones, de calidad de la educación, de la salud pública y de seguridad interna exigirán también aumentar los ingresos del sector público y redirigir programas hacia estas áreas prioritarias. Este problema necesita enfrentarse con una reforma fiscal orientada a aumentar gradualmente los ingresos fiscales y que contribuya a mejorar la equidad horizontal —que dos personas con el mismo ingreso, independiente de sus fuentes, paguen el mismo monto de impuestos—, y vertical —que la tasa media de impuesto sea creciente con el nivel de ingreso de una persona—. Para ello se requiere ampliar la base tributaria, ajustar las tasas, reducir las exenciones y regímenes especiales —que ya no tienen propósito claro o cuyos objetivos se pueden alcanzar con instrumentos más eficientes—, y aumentar impuestos específicos a bienes que generen externalidades negativas. En esto último, la rebaja de los impuestos a los combustibles, que hoy se discute en el Congreso, es una aberración, dado que beneficia mayoritariamente a las personas de altos ingresos y exacerba los problemas medioambientales.

Sin embargo, el principal problema de mediano plazo, para enfrentar las demandas ciudadanas y retomar el progreso, es cómo retomar una tasa de crecimiento tendencial por sobre el 3% anual. Esta es una tarea difícil ya que, de acuerdo a las últimas estimaciones del Banco Central, se estima sería de solo 1,7% para el período 2026-2030, como resultado de la baja tasa de crecimiento de la productividad y caídas en las tasas de crecimiento del trabajo y del capital. Sin embargo, las grandes innovaciones que se han acelerado con la crisis del covid-19 —uso de la digitalización, robótica e inteligencia artificial— abren muchas oportunidades para estimular el crecimiento tendencial, pero también representan desafíos para ciertas actividades y grupos de la población. En una próxima columna revisaré reformas y políticas orientadas a aumentar el crecimiento tendencial y enfrentar estos desafíos.