Camila Acosta es periodista de un diario español. Dina Fernández es una youtuber. Ambas fueron detenidas esta semana por el régimen en Cuba. La primera cubría las manifestaciones en La Habana. La segunda relataba los mismos eventos a un canal de TV. Dos ejemplos de que en la isla se restringe el qué se dice y qué hechos se divulgan.

En términos simples, el principio de libertad de prensa apunta a que cualquier medio de comunicación pueda desarrollar su labor sin interferencia ni censura. Por lo mismo, los atentados sobre este pilar de cualquier democracia pasan por el bloqueo del Estado de contenidos que no son del agrado del gobierno de turno.

En regímenes autoritarios esto es pan de cada día, pero incluso se observan intentos en democracia. Por ejemplo, acciones judiciales de la administración de Trump para conocer las fuentes periodísticas tras los reportes de los vínculos con Rusia, recordaron el bloqueo del gobierno de Nixon de la publicación de los Pentagon Papers. En ambos casos, la institucionalidad resistió. Un fallo de la Corte Suprema (New York Times Co. v. United States) permitió que los documentos secretos fueran hechos públicos en 1971, mientras el periodismo independiente salió fortalecido luego de Trump.

Y es que el poder que entrega el control de la prensa es tan grande que la tentación cunde en todo aspirante a líder autoritario. ¿Cómo coartar la posibilidad de informar y publicar libremente? Por suerte, gracias al progreso tecnológico, la respuesta cada vez es más difícil.

Una opción anacrónica es imponer restricciones al contenido apelando a que el espacio radiofónico y televisivo es un bien nacional de uso público. Pero con internet dicha táctica es tan ingenua como pensar que hoy se puede ganar una guerra con bayonetas. ¿Cortar internet en determinadas circunstancias? Esa fue la opción cubana esta semana, pero las nuevas tecnologías también ponen límites a la medida. De hecho, EE.UU. está evaluando la factibilidad técnica de entregar internet a toda la isla (fascinante tema para otra columna).

Otra alternativa es promover la censura estatal a partir de un Consejo de Medios, que “vele” por la veracidad de la información. La tosca idea tampoco se ve factible dados los inmensos flujos de noticias y diversidad de plataformas. Incluso China, que ha mostrado astucia en los métodos tecnológicos para bloquear información, se ve continuamente superada.

Así se llega a otra opción clásica: atacar la propiedad de los medios para imponer una hegemonía comunicacional desde el Estado. Esto, aunque suene loco, ha dado algo de resultado (Venezuela). Por supuesto, en este caso la desconfianza de lo publicado es tal que la gente prefiere no informarse. ¿Lecciones? La ignorancia confabula contra la democracia y la iniciativa privada en los medios contiene al autoritarismo. ¿Es la estrategia sustentable? No. Como los casos de Acosta y Fernández demuestran, globalización y tecnología han cambiado lo que entendemos como medios de comunicación y prensa.

Pero no hay que bajar la guardia. La creatividad humana no tiene límites. No faltará el villano que, por ejemplo, argumentando una supuesta falta de diversidad, logre configurar una agenda de censura. ¿Cómo protegerse ante esto? Siempre recordando que toda restricción a la libertad de prensa beneficia a quien gobierna, no a los gobernados. Ha costado construir ese patrimonio nacional. No lo miremos en menos.