A medida que transcurre el año, se consolida el convencimiento de que tanto la economía mundial como la chilena experimentarán una fuerte recuperación durante el 2021.

Es cierto que existe aún una gran volatilidad y diferencias en el desempeño de regiones y sectores. Una gran parte de la población mundial aún está lejos de recuperarse de la dramática caída que sufrieron sus ingresos. Pero en términos agregados, tanto el mundo como un todo y el país en particular, comienzan a alcanzar el nivel previo a la pandemia.

Las dudas iniciales de cómo afectaría el SARS-CoV-2 el ritmo de progreso van quedando atrás. Sea porque aprendimos a convivir con él o porque el proceso acelerado de vacunación nos permite visualizarlo como un problema de salud serio pero manejable. Así, es posible proyectar que la segunda mitad del año será testigo de una recuperación aún más vigorosa que la del primer semestre.

A nivel global, a poder de paridad de compra y en forma anualizada y desestacionalizada, el mundo creció un 4,25% en el semestre pasado. Probablemente esa cifra se acercará al 7% en el actual. La fuerte recuperación de Estados Unidos será acompañada por Europa, que dejará atrás la contracción de fines del año pasado y comienzos de este. No está implícito en esa proyección que el covid-19 desaparezca por completo, pero se considera que, entre lo aprendido a la fecha y los avances de la vacunación, podrá sobrellevarse sin impedir que la ciudadanía siga una vida normal.

La decisión del Reino Unido, que está experimentando un aumento de casos debido al avance de la variante Delta, es simbólica al respecto. En principio, a contar del 19 de julio, el Gobierno dejará de imponer medidas restrictivas a la movilidad y normas excepcionales de comportamiento, como el uso de mascarillas. Ello sin perjuicio de que los individuos quieran libremente seguir actuando con las precauciones que deseen. La autoridad considera que a pesar de que el virus continúa desarrollándose, los servicios de salud podrán abordar los casos como lo hacen ante otras enfermedades respiratorias.

En Chile también ya nadie duda de que el año actual verá una consolidación de la recuperación. El Imacec de mayo superó el consenso y alcanzó un 18,1%. Es cierto que se mide contra una baja base de comparación —la de mayo de 2020—, pero muestra una gran capacidad de adaptación de la economía. El comercio electrónico es un ejemplo de ello. Ayudado sin duda por los retiros de fondos de las AFP y los apoyos estatales, el crecimiento del sector comercio llevó los niveles ajustados por estacionalidad del Imacec al de los niveles previos a la pandemia. Junio también se proyecta muy positivo para el crecimiento dados los deprimidos niveles del año pasado.

Incluso a la cifra de desempleo del INE del trimestre marzo-mayo, que alcanzó un 10%, se le puede dar una mirada optimista. Si bien muestra una caída del empleo, cuando se la corrige por estacionalidad ello no es así. Es efectivo que en relación a febrero del 2020 hay una caída desestacionalizada del 7,7% en el empleo. Pero en esa dramática realidad hay varios mundos. Los empleos formales han superado en mejor forma la crisis que los de carácter informal. No es de extrañar entonces los aumentos en las cifras de pobreza.

Pero si bien en la mirada de corto plazo del futuro de la economía las incertidumbres han disminuido, no podemos decir lo mismo si pretendemos visualizar qué nos espera un poco más adelante.

A nivel global, el paso del virus ha llevado a los gobiernos a atribuirse facultades y tomar decisiones que pocos meses atrás habrían sido inimaginables. Y ello no solo en el plano de las libertades más básicas de las personas, como si pueden o no trasladarse o lo que pueden o no hacer. Los bancos centrales, en especial la Fed y el Banco Central Europeo, han aumentado la profundidad y magnitud de sus intervenciones mucho más allá de lo realizado después de la crisis del 2008. Ello ha ido unido de una expansión de los déficits y presupuestos fiscales que ni en los períodos de las grandes guerras del pasado tienen precedentes.

Con ese trasfondo no es tan simple no sentir inquietud e incertidumbre sobre cuán transitorio y en qué plazo se moderarán los aumentos de inflación conocidos en estos meses. El IPC americano alcanzó a 5,4% en 12 meses. Si se considera solo este año, para evitar bases deprimidas del año pasado, y llevarnos la inflación a ritmo anual, esta alcanza un 5,2%. Esta nueva incertidumbre estará con nosotros mucho tiempo, y si la inflación resulta más compleja de enfrentar que lo que ahora la mayoría estima, puede dejar una huella muy profunda.

Pero esta nueva actitud de los gobiernos va más allá de las materias fiscales y monetarias. Parecen estar intentando usar su nuevo músculo para imponer sus visiones ideológicas, aun cuando los sistemas de contrapeso diseñados para apreciar mejor las relaciones de costo beneficio no se lo permiten.

Disminuir la emisión de CO{-2} parece conveniente, pero hacerlo no está exento de consecuencias. El Presidente Macron detonó la rebelión de los “chalecos amarillos” cuando intentó avanzar en ese camino por la vía de nuevos impuestos. Acaba de tener un nuevo traspié cuando el Senado no validó un cambio constitucional para darle al tema rango constitucional. Sin embargo, ahora su país lidera un intento a nivel europeo de alterar las normas de comercio, de modo de castigar las importaciones de bienes que provengan de países que no siguen las estrategias de contener el CO{-2} como Europa desea. Quizás a ese nivel será exitoso, pues la población no verá en lo inmediato los costos, pero las consecuencias para el libre comercio y para el progreso serán enormes.

Desde siempre el poder de los gobiernos y los impuestos han ido de la mano. Por eso limitar las facultades para establecer tributos y controlarlos ha ido a la par con el desarrollo de sociedades más libres y prósperas. La voracidad fiscal que ahora se vislumbra empuja a los Estados a intentar romper esos límites.

A nadie en Chile todavía se le ocurriría, si el Congreso dictara una norma de cómo debe ser el comportamiento al interior del hogar, que por lo demás ya hay varias, solicitar que se instale una cámara que grabe permanentemente lo que sucede para poder controlarlo. La privacidad es un principio superior. Sin embargo, hoy con toda arrogancia se pretende vulnerar ese principio respecto de los movimientos financieros de las personas, incluidas sus cuentas corrientes, para controlar impuestos. No falta nada para llegar a lo que fueron los países comunistas de Europa del Este, donde había solo una cuenta y el gobierno conocía todo de todas las personas. Parece haberse olvidado el principio básico que si el Estado no puede recaudar lo que quiere sin violar la privacidad, entonces debe buscar otras formas o asumir el límite que imponen los derechos de las personas.

Pero a nivel mundial sucede algo similar. Hay muchas maneras de recaudar impuestos, pero los gobiernos prefieren hacerlo sin que los afectados finales se percaten. Por eso su obsesión con las empresas. Son el intermediario ideal. Son eficientes, fáciles de sindicalizarlas de egoístas y de faltas de solidaridad y la población no percibe claramente el impacto para su bolsillo de lo que el gobierno decide.

Motivado por hacer crecer el Gobierno Federal en Estados Unidos, el Presidente Biden optó por entregar a las empresas tecnológicas de su país, que según la letra chica de lo acordado serán las únicas que pagarán una especie de impuesto mundial, con tal de conseguir un acuerdo sobre una tasa mínima para las empresas. Así imagina que puede subir sin tanto impacto la tasa dentro de su país. Es cierto que aún está por verse qué se aprueba finalmente en el Congreso de Estados Unidos. Pero si se avanza en ese camino, el efecto en la asignación de recursos y movilidad de capitales puede ser relevante. Peor aún, los costos burocráticos serán enormes. Los impuestos son un tema complejo, y la tasa no dice nada si no se consideran también la base —sobre qué hecho gravado se aplica— y la forma en que se implementa.

Está por verse cuán potente es el aumento de productividad de los avances tecnológicos que nos hacían ser optimistas sobre el progreso futuro del mundo, para sobrellevar el pesado lastre que estas y tantas otras iniciativas significan.

Pero si en el mundo las incertidumbres han aumentado, cuando miramos el largo plazo, en Chile es aún más grave. El país llevará una década sin aumentar su ingreso per cápita. La recuperación económica rápida, y la red de contención que se pudo armar gracias a su solvencia, dan esperanzas. Igualmente le es favorable que aún tiene empresas e instituciones sólidas y gente mucho mejor preparada que en el pasado.

Desgraciadamente le juega en contra un ánimo colectivo muy negativo respecto a lo que realmente ha logrado el país y qué es lo que le falta. No es cierto que solo unos han progresado y que es el más desigual del mundo, como algunos lo pregonan y muchos parecen creerlo. De nada sirve argumentar y mostrar realidades al respecto. Parece haberse llegado a un convencimiento ideológico más allá de toda razón.

La Convención Constitucional para algunos daba la esperanza de analizar con la cabeza fría y con argumentos lo que se tiene, lo que falta y cómo mejor obtenerlo. Aunque aún es temprano, sus primeros pasos distan mucho de ser esa instancia. Por el contrario, da la impresión de que hay una mayoría que tiene un diagnóstico revolucionario estándar y que lo quieren imponer a toda costa.

Deben cambiarse las estructuras y eliminar la capacidad de influencia de las elites políticas, empresariales y sociales del país. Pero las elites no se eliminan, solo se sustituyen. No hay sociedad real que no las tenga, pues permiten coordinar los recursos naturales, humanos, financieros y el conocimiento. Lo importante es que sean móviles y que las instituciones las lleven a crear valor. Las estructuras rígidas de países como Cuba y Venezuela, que varios parecen admirar, son todo lo contrario. Han destruido valor y hundido a sus pueblos a pesar de su propaganda y mentiras al respecto.

Es de esperar que esta primera impresión sea errada. Pero por el momento solo ha logrado aumentar la incertidumbre sobre el devenir futuro del país.