Chile atraviesa por un momento crucial en su historia. Todos los dirigentes del país deben cumplir sus tareas con especial dedicación y responsabilidad. Lamentablemente, no parece ser ese el caso, pues continuamente surgen brotes de violencia que no son condenados, sino más bien aceptados como inevitables. A vastos sectores que procuraron desentenderse de esos hechos se han unido ahora quienes no solo aceptan la violencia, sino que la justifican y, por cierto, con esa actitud, la fomentan. Las declaraciones de un convencionista constituyen otro punto revelador de cómo cierta izquierda concibe el momento político, pues celebró que otro convencionista fuera atacado en su casa. Si bien luego se disculpó por sus expresiones diciendo que “las palabras que emití frente a la prensa no me representan”, la reacción espontánea no deja de tener significado ante la trascendencia de la situación. Pues, a fin de cuentas, es la libertad de pensamiento y de expresión la que está en juego.

La Convención Constitucional tiene una misión que cumplir al preparar una nueva Constitución y con ella lograr que todos los chilenos, de izquierda y de derecha, creyentes y no creyentes, de pueblos originarios y de emigrantes o de uniones, se sientan representados en ella. Por supuesto que esto no ocurrirá si algunos sectores se ven obligados a disimular lo que piensan o se ven restringidos a no expresarlo por temor a represalias violentas. Quienes ven en el uso de la fuerza el origen de la nueva Carta la están condenando a una posible falta de legitimidad que será esgrimida como argumento cuando llegue el momento de su vigencia. Posiblemente, de continuar con esta posición de respaldo a la violencia, la meta de muchos sea cambiar la nueva Constitución y no puede descartarse que el debate sobre las reglas fundamentales continúe indefinidamente.

La libertad para pensar y explorar ideas con toda confianza es fundamental para poder establecer el marco general al que deberán adecuarse todas las leyes. No debería haber dentro de la Convención personas que no estén dispuestas a escuchar ideas distintas de las propias. Ello constituiría una situación grave y de difícil superación, pues en muchas ocasiones ha sido esa incapacidad para desarrollar un auténtico diálogo el antecedente para los brotes de violencia. En la medida en que los líderes conversan y se escuchan con respeto, el resto de la población comienza a seguir sus ejemplos, pero, por el contrario, si son los líderes los que se enfrascan en situaciones de violencia verbal, entonces otros sectores de la población reaccionan con pasión descontrolada y aparece el uso de la fuerza como mecanismo para acallar al disidente.

La postura de la izquierda democrática no parece haber sido lo suficientemente clara ante los múltiples episodios de violencia que ha sufrido el país. Declaraciones como las que inicialmente emitió un convencionista, luego corregidas, van aclarando quiénes aspiran a que Chile tenga una auténtica democracia y quiénes no. La propia mesa de la Convención se ha ido pronunciando en el sentido de valorar la paz y armonía entre los convencionistas, lo que por cierto no debiera confundirse con una limitación del ejercicio básico del derecho a crítica. Pareciera ser del interés de todos los que participan de la preparación de una propuesta que se genere un ambiente de diálogo y entendimiento, puesto que si un sector derrota a otro, y más aún si lo hace negando su libertad de expresión y efectivamente silenciándolo, no podrá salir una Carta que sea estable y representativa de todos.