La mayor amenaza que enfrenta nuestra convivencia está representada por el intento de socavar, con diversos métodos, el marco institucional que nos permite vivir en libertad. Hay que tomar en serio a quienes hablan de refundar Chile desde la tribuna de la Convención. Han dado a entender, unos más desenfadadamente que otros, que la actual legalidad está en vías de desaparecer y nada obliga a someterse a ella. Es la embriaguez de la asamblea constituyente de facto, que fue abonada por la desidia parlamentaria. En la práctica, un plan de alegre demolición: el precio que pague el país es lo de menos. Por eso, la mayoría de la Convención presiona por el indulto de los llamados presos de la revuelta (es útil ver su prontuario) y de los condenados por delitos cometidos en La Araucanía desde 2001.

Fernando Atria afirmó en la Convención: “Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo tratar, sin más, como delitos a los hechos que lo hicieron posible”. Su razonamiento no deja dudas: “esos hechos fueron necesarios para abrir el proceso constituyente”. Por lo tanto, el Código Penal sería apenas un detalle al lado del poder purificador que irradiaría octubre de 2019. Estaban confundidos, pues, los fiscales y jueces que consideraron que el ataque al metro, los saqueos, la quema de iglesias y todas las formas de vandalismo metódico, eran delitos. ¡El buen fin justificaba los medios empleados! Vamos entendiendo mejor el origen de algunas de las desgracias sufridas por nuestro país.

Los grupos político-delictivos que actúan en La Araucanía tienen un modo más contundente de argumentar. Celebrando al parecer el acuerdo de la Convención por el indulto, llevaron a cabo una nueva ofensiva terrorista, que incluyó un ataque a las instalaciones de una empresa forestal con armas de grueso calibre. Allí murió uno de los atacantes, “combatiendo en una acción de sabotaje”, según Héctor Llaitul, líder de la CAM. “Caído en combate”, dijo también Mijael Carbone Queipul, vocero de la Alianza Territorial Mapuche.

“Urge la desmilitarización de La Araucanía”, dijo de inmediato Lorena Fries, exfuncionaria del gobierno pasado. También la diputada Maite Orsini, del Frente Amplio, y el senador Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, entre otros. ¿Y qué quieren decir cuando piden desmilitarizar La Araucanía? ¿Tendrían que cerrarse todos los regimientos e instalaciones de las FF.AA. en la región? ¿Los cuarteles de Carabineros y la Policía de Investigaciones dejarían de funcionar? Y si fuera así, ¿qué deberían hacer los representantes del Ministerio Público? ¿Y los jueces que se desempeñan en la zona? Lo que proponen, con soltura de cuerpo, es que el Estado abandone a La Araucanía a su propia suerte. Lejos ha llegado el extravío.

Es vergonzoso que los voceros de la desmilitarización no manifiesten preocupación por las víctimas de la violencia en el sur, ni por la desazón en que viven miles de familias debido a las condiciones impuestas por el bandolerismo en nombre de una falsa causa mapuche, y que sienten que el Estado de Derecho no tiene vigencia en la zona. ¿Desmilitarizar La Araucanía? ¿Para dejar el campo libre a los mismos que no han dejado tropelía por cometer? ¡Lo que exige la paz interna y el bien colectivo es desarticular a los grupos armados!

Tanto se ha hablado de proceso constituyente que se volvió borrosa la noción de orden democrático para los representantes del “espíritu de octubre” en la Convención. Y sucede que solo el marco constitucional le otorga legitimidad a ese órgano, solo los poderes del Estado pueden validar lo que haga. Cualquier otra vía no tendrá ninguna validez. Y el fracaso puede estar muy cerca.

Chile tiene una democracia consolidada, que garantiza el ejercicio de las libertades, las elecciones libres y periódicas, el pluralismo y la certeza jurídica. Pero todo eso puede debilitarse, e incluso derrumbarse, por efecto de la compulsión rupturista. Cualquiera que sea el rumbo que elijan los convencionales, la continuidad democrática no puede estar en duda. La Convención no tiene poderes para remodelar el país al gusto de quienes están sugestionados con las supuestas propiedades revolucionarias de un nuevo texto constitucional. Tampoco puede optar por un programa de gobierno ni aprobar políticas públicas. No tiene competencia para cuestionar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Ojalá lo tengan claro la presidenta y el vicepresidente de la Convención.

Se justifica la preocupación de mucha gente ante la posibilidad de que la suma de la exaltación refundacional, el oportunismo político y la violencia termine provocando un quiebre del orden legal, lo que llevaría a Chile a un escenario catastrófico. Hay que evitarlo a toda costa. Pero eso exige que nadie se cruce de brazos.

Sergio Muñoz Riveros