Las cifras de pobreza y desigualdad de ingresos recién publicadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) representan un retroceso dramático. De acuerdo a la CASEN 2020, más de dos millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para financiar una canasta de necesidades básicas. De ellas, un 40% no tiene recursos siquiera para adquirir alimentación de acuerdo a necesidades nutricionales esenciales. A la vez, los ingresos del trabajo del 10% de mayores ingresos son 400 veces los del 10% de menores ingresos, un aumento de 10 veces en relación a la medición de 2017.

El aumento sustantivo de la pobreza por ingresos y la desigualdad eran esperados. La Encuesta Social Covid-19 levantada el año pasado por el MDSF, el PNUD y el INE mostró que en julio un 30% de los hogares en los dos primeros quintiles experimentaron incertidumbre en su capacidad para conseguir alimentos, y tuvieron que comprometer la calidad de lo consumido. En ocasiones, algunos de sus integrantes tuvieron incluso que saltarse comidas y pasar hambre. A octubre, esa cifra permanecía en un 18%.

Aquella encuesta mostró también que una fracción sustantiva de los hogares en los primeros quintiles tuvieron que usar sus ahorros, vender sus bienes, pedir dinero prestado y/o gastar menos en alimentos y servicios básicos para enfrentar la pérdida de ingresos.

Asimismo, el Catastro Nacional de Campamentos de Techo-Chile y Fundación Vivienda indicó que en 2020 había más de 80 mil familias viviendo en campamentos, un alza del 74% en un año.

Al mismo tiempo, la Encuesta de Empleo del INE mostró caídas del empleo en una magnitud que no se había visto en las crisis más recientes. En el peor momento de la crisis asiática el empleo se contrajo en un 3% anual, mientras que en el de la crisis de 2008-2009, cayó en un 1,5%. En cambio, a mediados del 2020 la caída era del 20%.

También a diferencia de esas crisis, el trabajo por cuenta propia no cumplió un rol amortiguador. En recesiones, muchos trabajadores que pierden su empleo ofrecen servicios de manera independiente para así seguir generando ingresos. Sin embargo, las restricciones a la movilidad impidieron ese ajuste. En vez de elevarse, el empleo por cuenta propia cayó en un 35% anual en el peor momento del año pasado. Así, el ingreso promedio del trabajo de los hogares en el primer decil se desplomó en términos nominales de $72 mil a $7 mil.

Como muestra la CASEN 2020, los apoyos estatales fueron insuficientes para compensar la tremenda pérdida de ingresos, a pesar de que el país tenía ventajas importantes para enfrentar la crisis. Por un lado, se llegó a marzo de 2020 con un endeudamiento público bajísimo para estándares internacionales, además de ahorros fiscales relevantes y una tasa de interés por los suelos. Por el otro, se contaba con infraestructura: el Registro Social de Hogares con muchísima información sobre los hogares, y millones de CuentaRut en el BancoEstado para realizar transferencias con agilidad.

Pero la entrega de recursos se demoró y el Gobierno fue en exceso celoso en intentar determinar quién sí y quién no merecía apoyos estatales, a pesar de la emergencia y la magnitud de la crisis. También desaprovecharon herramientas, como la posibilidad de echar a andar programas de empleo de emergencia con un enorme valor social, como contratar trazadores para la contención de contagios, para el apoyo al cuidado de adultos mayores y para la asistencia en labores de educación y salud, ocupaciones que por lo demás, dado el avance tecnológico y el cambio demográfico, tendrán demanda en un futuro cercano.

Las dolorosas cifras reportadas dejan lecciones más allá de la evidente necesidad de recuperar el crecimiento. Una de ellas es recordarnos cuán precario es el mercado laboral para los trabajadores vulnerables y, por tanto, del deber de avanzar en reformas al sistema de capacitación e intermediación, y al de provisión de salas cuna, entre otros. También considerar el financiamiento fiscal de servicios de alto valor social que usan intensivamente los servicios del trabajo.

Otra lección es asegurar pisos de ingreso a hogares más vulnerables. El Estado chileno casi no entrega transferencias monetarias y cuando lo hace, suele pedir condiciones que quienes experimentan la vulnerabilidad tienen dificultades para cumplir, como tener un empleo formal y que los hijos e hijas tengan buenas notas escolares. Una amplia literatura muestra que estos apoyos monetarios básicos no reducen la oferta laboral de quienes los reciben. Al mismo tiempo, entregan tranquilidad a las familias y atenúan la angustia de no saber si se llega a fin de mes.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos. Se trata de desventajas en múltiples ámbitos de la vida: educación, salud, vivienda, barrio, ingresos, participación y trato. No es algo inherente a las personas; es más bien un fenómeno contextual. Superar la pobreza, entonces, pasa por modificar los contextos de vida y establecer pisos que aseguren que nadie deba pasar por esta experiencia.