¿Convertirá el candidato de izquierda radical Pedro Castillo a su país en una nueva Venezuela si es oficialmente declarado ganador de las elecciones del 6 de junio? Sería ingenuo descartarlo, pero hay algunas razones para esperar que Castillo no pueda crear una dictadura como la de Venezuela.

Castillo, de 51 años, un líder del ala radical del sindicato de profesores, ha intentado presentar una imagen más moderada en los últimos días. Pero, a juzgar por su activismo pasado y las declaraciones de su partido Perú Libre, podría ser uno de los presidentes de izquierda más extremistas elegidos en América Latina en las últimas décadas.

En su documento “Perú Libre: Ideas y programa”, que Castillo presentó como su plataforma política antes de la primera vuelta electoral del 11 de abril, el partido se describe a sí mismo como “una organización de izquierda socialista”. Agrega que “para ser de izquierda hay que abrazar la teoría marxista” y el marxismo-leninismo.

Castillo presentó una versión más light de su plataforma para la segunda vuelta electoral del 6 de junio y recientemente dijo que “no somos chavistas, no somos comunistas”. Pero no ha roto con su partido y pide una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, que sus críticos ven como una copia fiel del manual chavista para acaparar poderes absolutos.

Castillo lidera el recuento oficial con apenas un 0,4% de los votos de ventaja, pero su rival Keiko Fujimori alega que hubo fraude. Las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea dicen que no han encontrado evidencia de fraude. Estados Unidos y la Unión Europea, de 27 países, han dicho que la elección fue justa.

Si Castillo es oficialmente declarado presidente electo, el factor clave para determinar si Perú seguirá los pasos de Venezuela será si el nuevo presidente logra su propósito de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.

Castillo ha prometido hacer un referéndum para convocar una asamblea constituyente, algo que la mayoría de los abogados constitucionalistas dicen que sería inconstitucional. Según el artículo 206 de la Constitución de Perú, “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso”.

Castillo tiene solo 37 bancas en el Congreso de 136 escaños recién elegidos. Será muy difícil para él acercarse a los 66 votos que necesitaría para que el Congreso convoque a un referéndum sobre la Constitución, o a los 87 votos que necesitaría para que el Congreso redacte una nueva Constitución sin la necesidad de ir a un referéndum.

Aníbal Quiroga, un abogado constitucionalista que enseña en la Universidad Católica de Lima, me dijo que si Castillo sigue adelante con su plan de convocar a un referéndum sobre la Constitución sin la aprobación del Congreso, “sería como un golpe de Estado” contra el Congreso.

“Castillo quiere convocar a un referéndum porque sabe que no tiene los votos en el Congreso”, me dijo Quiroga. “Pero sería un golpe, como si los militares tomaran el Congreso”.

Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, coincide en que la Constitución de Perú establece claramente que solo el Congreso puede convocar a un referéndum para cambiar la Constitución.

“El plan de Castillo es reunir millones de firmas para presionar políticamente al Congreso para que convoque a un referéndum”, me dijo Álvarez. “Lo principal será generar un frente de fuerzas democráticas que le impida conseguir la corriente de opinión a favor del referéndum”.

Castillo obtuvo solo el 19% de los votos en la primera ronda de elecciones, pero ganó el primer puesto para ir la segunda ronda porque sus rivales fragmentaron el voto de centroderecha.

Al igual que lo que pasó antes en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países de la región, los grandes egos de los políticos dividieron el voto antichavista. Si Castillo se convierte en el próximo presidente de Perú, sus rivales de centro y centroderecha tendrán buena parte de la culpa si no se unen ahora para impedir —por vías legales— que dé un golpe de Estado contra la democracia peruana.